El Parlamento, de mayoría opositora, decidió ir hasta las últimas instancias del proceso, donde se definirá la continuidad en el cargo del presidente.
En esta etapa habrá una interpelación a Lasso, que será convocado para defenderse ante la Cámara por una acusación de malversación.
El juicio político de censura al presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, entró este martes en su recta final después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, decidiera ir hasta las últimas instancias del proceso, donde se definirá la continuidad en el cargo del jefe de Estado.
Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el Legislativo ecuatoriano aprobó entrar en la última fase del proceso, donde habrá una interpelación al presidente, que será convocado para defenderse ante la Cámara por una acusación de presunto peculado (malversación) y, posteriormente, se votará su permanencia en el cargo.
Ahora la Asamblea debe convocar a una sesión del pleno en el plazo de cinco días para la celebración en esa instancia del juicio político contra Lasso, lo que coincide con la elección de la nueva mesa directiva, que dirigirá el hemiciclo por los dos próximos años.
Aunque este martes sólo estuvieron presentes en la sesión del pleno 116 de los 137 asambleístas, los votos favorables a continuar con el proceso fueron sólo cuatro menos de los 92 que necesita la oposición para alcanzar su propósito de destituir al mandatario, equivalentes a dos tercios de la Asamblea.
Entre los partidarios de enjuiciar a Lasso están varios grupos parlamentarios como Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017); el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo socio electoral de Lasso; el movimiento indígena Pachakutik y algunos independientes.
De esta forma, la oposición se manifestó en contra del informe que recomendaba archivar el proceso por falta de pruebas contra Lasso, elaborado por la Comisión de Fiscalización, que el sábado no logró aprobar el documento y pasó al pleno de Legislativo.
"El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará", auguró la asambleísta de Unes Viviana Veloz, promotora del juicio político contra Lasso.
Desde el Ejecutivo, la única reacción llegó de parte del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien catalogó el proceso de "ilegítimo".
"La Asamblea ha decidido continuar con el juicio político al presidente de la República en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales", escribió Cucalón en redes sociales.
"Nos mantenemos firmes en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia", añadió.
El juicio político fue promovido por la oposición después de la dura derrota sufrida por el oficialismo en la cita electoral del 5 de febrero, cuando el Gobierno perdió el referéndum planteado para hacer reformas en la Constitución y el correísmo fue el gran triunfador de las elecciones locales.
Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
En caso de que la oposición lograse los votos suficientes para la destitución del presidente, debería asumir la Presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero.
Lasso ya logró salvar el año pasado una situación similar en junio de 2022, cuando en medio de una oleada de protestas lideradas por el movimiento indígena la Asamblea votó una moción para destituir al presidente por grave conmoción local que reunió 80 votos.
Ahora el mandatario ha sido incluso quien ha deslizado la posibilidad de, llegado ese escenario límite, recurrir a la denominada "muerte cruzada", una figura constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea y convocar elecciones generales anticipadas para gobernar hasta entonces mediante decretos.
Esa posibilidad podría generar, según han advertido varios movimientos sociales, un estallido de protestas de grupos que aseguran haber sido golpeados por políticas neoliberales de Lasso.
