"Desde aquí me comprometo a defender nuestra capital y nuestro país", declaró Guillermo Lasso.
La medida durará 30 días y contempla la movilización de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró en la noche de este viernes el estado de excepción en tres provincias donde se han concentrado las protestas en su contra y dijo que está dispuesto a defender la capital, ubicada en la mira de las movilizaciones indígenas.
Lasso, en un mensaje por televisión, indicó que declara desde la medianoche de este viernes el estado de excepción en las provincias de Imbabura, Pichincha, cuya capital es Quito; y Cotopaxi, situadas en el centro y norte de la región andina del país.
"Desde aquí me comprometo a defender a nuestra capital y a nuestro país", aseguró el gobernante, que hizo un nuevo llamamiento al diálogo a "todas las organizaciones sociales", aunque no especificó el nombre de ninguna.
El estado de excepción decretado por Lasso tendrá 30 días de duración y contempla la movilización de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional para salvaguardar el orden interno, la suspensión de los derechos de asociación y de reunión, y la imposición de un toque de queda nocturno de 22:00 a 5:00 en Quito.
Sin embargo, el punto más polémico del decreto es que "se restringe el derecho a la libertad", de modo que el Gobierno "podrá requerir a los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones la suspensión, degradación de calidad o limitación temporal de los servicios de telecomunicaciones".
Asimismo, anunció que incrementará el valor del bono de desarrollo humano que se entrega a los más pobres de 50 a 55 dólares, que condonará créditos vencidos de hasta 3.000 dólares en el banco estatal de desarrollo y que subsidiará a pequeños y medianos agricultores la mitad del costo de la urea, un fertilizante, como medidas para frenar el descontento.
Esas medidas se aplicarán de manera inmediata, dijo el mandatario, quien también anunció la declaración de emergencia en el sistema de salud pública del país, aquejado por la falta de medicinas.
También habló de duplicar el presupuesto de la educación intercultural y de abrir líneas para créditos de hasta 5.000 dólares para los agricultores, al 1 por ciento de interés y a 30 años de plazo.
Entre las medidas no se refirió a la congelación y reducción del precio de las gasolinas, que es una de las principales demandas de la protesta, aunque prometió que no revisará el valor del diésel, el gas ni la gasolina regular.
También descartó entrar en procesos de privatización de servicios públicos y sectores estratégicos, que es otra de las demandas del movimiento indígena, opuesto a la gestión económica del mandatario a la que consideran cercano al Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Hay gente buena que está marchando para reclamar causas justas, demandas que todavía no hemos podido atender", aceptó Lasso, tras recordar que anoche llamó al diálogo, pero que, por contra, observó una mayor violencia en las manifestaciones y una negativa a sentarse a negociar.
El gobernante volvió a convocar a la mesa de conversaciones a todos los sectores de la sociedad, aunque no especificó, de forma expresa, si incluía a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) u otros colectivos que se han sumado a las protestas.
Las manifestaciones fueron convocadas desde el lunes por la Conaie al cumplirse el primer año del mandato presidencial de Lasso y sin que los distintos intentos de diálogo entre ambas partes llegasen a buen puerto.
Estos cinco días de protestas se han desarrollado con cortes intermitentes de carreteras y manifestaciones en las provincias ahora declaradas en estado de excepción, además de varias instalaciones petroleras tomadas por manifestantes en la Amazonía.
