El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles un decreto para disolver la Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque elecciones, en medio de un juicio político en su contra.
Se trata del Decreto Ejecutivo 741, contemplado en la Constitución de ese país, con el objetivo de "disolver la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) y solicitar al CNE (Consejo Nacional Electoral) se convoque a elecciones", informó mediante la red social Twitter.
"Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones", sostuvo en el mensaje.
Anotó que esta solución debe poner fin a "una confrontación irracional e inútil" y señaló que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos "a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado".
Esto, ya que considera que en los últimos dos años, "un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido", con un supuesto proyecto desestabilizador que "subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo".
Para Lasso, con el juicio político "infundado", el Legislativo promueve "un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción", en un proceso "sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo" para destituirlo de su cargo.
Fue en la víspera que inició el juicio político en su contra en el pleno del Poder Legislativo, donde se defendió de las acusaciones de malversación. Dicho proceso debía desarrollarse para que luego esa instancia votara la moción de censura.
Sin embargo, este miércoles Lasso recurrió a la denominada "muerte cruzada" antes de que continúe el debate en la Cámara, donde se requerían 92 votos para destituir al mandatario, equivalentes a dos tercios del hemiciclo; la misma jornada en que se debía reanudar la sesión del pleno, a la espera de que la votación se desarrollara el próximo sábado.
El abogado constitucionalista ecuatoriano Ismael Quintana explicó que "esos contratos eran prejuiciosos para las finanzas del Estado y que, pese a eso, el presidente Lasso no hizo nada y consintió más bien continuar con estos contratos. Esa era la acusación, por eso se lo llevó a juicio político, pero naturalmente con el decreto de disolución parlamentaria, al haber legislatura, el juicio político queda ya inexistente. Pero la Fiscalía General del Estado sí podría continuar con las investigaciones de carácter penal para determinar si el presidente tiene acaso alguna responsabilidad de carácter penal en esta materia y entiendo que la Fiscalía tiene abierta esa investigación previa".
FF.AA. Y POLICÍA NACIONAL: DECISIÓN DE LASSO ESTÁ SUJETA A NORMA CONSTITUCIONAL Y DEBE SER RESPETADA
En una declaración conjunta, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional señalaron que mantendrán su posición de "absoluto respeto a la Constitución y las leyes" y destacaron que la posición de la Asamblea de enjuiciar políticamente a Lasso tiene como base una disposición de la Carta Fundamental, así como la determinación del mandatario, que "se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República".
Dicha decisión "está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos", declararon, recordando que ambas instituciones son "obedientes y no deliberantes", señaló el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Además señalaron estar "seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia". Finalmente, llamaron "a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia".
Tras el mensaje, el gobierno ecuatoriano advirtió que la Policía solo actuará "si el orden constituido se viera afectado", tras remarcar que de momento no se han registrado manifestaciones contra la disolución del Parlamento.
El ministro del Interior, Juan Zapata, añadió que las manifestaciones están garantizadas también por la normativa interna, siempre y cuando éstas no alteren la paz ciudadana. En ese sentido, insistió que si hay protestas que amenacen el orden interno, las fuerzas del orden deben actuar con firmeza.
EXPRESIDENTE CORREA CALIFICÓ DE ILEGAL LA "MUERTE CRUZADA" DECRETADA
El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró esta misma jornada que la "muerte cruzada" decretada por el actual mandatario es ilegal, mediante un mensaje en Twitter, donde cuestionó el argumento de "grave conmoción política e interna" para recurrir a la figura constitucional en medio del juicio político.
"Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna 'conmoción interna'. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria", dijo Correa.
"Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución", añadió.
En tanto, el presidente de la Confederación de Nacionalidad Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, calificó de "cobarde auto golpe de Estado" la decisión del gobernante, "al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitució", la que advierte como "una inminente dictadura" al no tener apoyo ciudadano pero sí ayuda de la Policía y Fuerzas Armadas.
