El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afrontará este fin de semana en la Asamblea Nacional (Parlamento) un pedido de destitución tras doce días de protestas contra el alto costo de la vida y las políticas económicas de su Gobierno, que dejan ya un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos.
Lasso ha denunciado un intento de golpe de Estado en su contra ante la activación del procedimiento de destitución presidencial, promovido por un sector de la oposición afín al ex presidente Rafael Correa pero al que también mostró su simpatía el líder indígena Leonidas Iza, principal promotor de las protestas.
La solicitud de destitución presidencial fue presentada bajo la causal de "grave crisis política y conmoción interna" y el reglamento marca que debe debatirse en menos de 24 horas, en una sesión donde el jefe de Estado está convocado para hacer un alegato de defensa.
Luego del debate, la Asamblea tiene hasta 72 horas para decidir si destituye al presidente, en una votación donde se necesitan dos tercios de la cámara, lo que equivale a 92 de los 137 escaños, algo complejo después de que partidos como Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano hayan anticipado que votarán en contra.
No obstante, de prosperar la moción, el vicepresidente asumiría la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de siete días desde publicada la resolución, convocaría para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
En un mensaje a la nación difundido por televisión y redes sociales, el presidente hizo "un llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador" y acusó directamente a Iza de buscar "el derrocamiento del Gobierno".
"Nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido", dijo Lasso, quien desde un primer momento se ofreció a sentarse a dialogar con los promotores de las protestas.
El gobernante hizo esta aseveración al ver que Iza no solo no daba señales de aceptar la convocatoria al diálogo después de que el Gobierno permitiese al movimiento indígena instaurar una "asamblea popular" en la Casa de la Cultura de Quito, sino que además se mostraba cercano al pedido de destitución presidencial.
"ULTIMÁTUM" DE IZA
En un pronunciamiento durante esa "asamblea popular", Iza habló de dar un "ultimátum" a Lasso, en compañía de un grupo de asambleístas de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que él preside.
"Hay una decisión del pueblo, que quiere que el presidente de la República, si no ha tenido capacidad para resolver los problemas, se vaya", manifestó Iza ante la algarabía de una numerosa audiencia que llenaba el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y donde de vez en cuando se escuchaba el grito de "fuera, Lasso, fuera".
Según Iza, al no considerar atendidos los diez puntos del pliego de demandas de la Conaie, es justificable pensar en una destitución del jefe de Estado.
DEMANDAS SIN RESPONDER
Si bien el pasado viernes Lasso aprobó parte de las demandas como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, la reducción de las tasas de interés y el aumento de 50 a 55 dólares de un bono para hogares en vulnerabilidad, hubo otras peticiones aún sin respuesta.
Entre ellas están las de reducir y congelar los precios de los combustibles, controlar los precios de los productos de primera necesidad, no privatizar empresas estatales y no incrementar la actividad petrolera y minera en la Amazonía.
En esta tesitura, las fuerzas de seguridad desalojaron la Casa de la Cultura donde se celebraba la "asamblea popular", luego de dos días de intensos enfrentamientos entre manifestantes y policías en el aledaño parque El Arbolito.
Esa zona volvió a convertirse en una batalla campal y en el epicentro de los disturbios, como en octubre de 2019, cuando otra ola de protestas también liderada por la Conaie se saldó a nivel nacional con una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos, de ellos un tercio policías y militares.
Precisamente, al cumplirse doce días de protestas, estas movilizaciones ya han superado en tiempo a las de 2019, que paralizaron al país durante once días.
NUEVO NIVEL DE REPRESIÓN
En su mensaje, Lasso también anticipó que las fuerzas de seguridad actuarán con mayor contundencia, lo que en palabras del ministro del Interior, Patricio Carrillo, supone que pueden utilizar perdigones contra las manifestaciones que se tornen violentas.
Esto después de los últimos acontecimientos como el ataque en la noche del jueves a un convoy del Ejército, donde resultaron heridos 17 militares, mientras que un atacante falleció por arma de fuego, además de reportarse una docena de policías heridos por disparos de perdigones presuntamente ejecutados por manifestantes.
