La Corte Nacional de Justicia en Ecuador solicitó formalmente la extradición del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y quien está prófugo de la Justicia en Bélgica.
Diez jueces del alto tribunal ratificaron la decisión, que supone un paso más encaminado a que el ex mandatario cumpla los 8 años de prisión y 25 de inhabilitación política, por los que no pudo postularse para las elecciones de 2021.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador deberá tramitar ante el Gobierno belga la reclamación judicial, conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y tratados internacionales posteriores.
Esta es la tercera vez que Justicia solicita su extradición -antes fue por su culpabilidad en el Caso Balda y otra por la trama de los sobornos-, pero este pedido, que tardó cerca de dos años en emitirse debido a trámites procedimentales, podría quedar en papel mojado después de que se conociera que Bélgica otorgó asilo político a Correa, quien niega las acusaciones y alega ser objeto de una persecución política.
CANCILLERÍA DESCONOCE EL ASILO
En una resolución a la que tuvo acceso Efe, fechada el 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de ese país -de donde es oriunda su esposa, Anne Malherbe- confirmó que el ex mandatario cuenta con el estatus de refugiado.
El abogado de Correa, Christophe Marchand, explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador el juicio por el secuestro del opositor político Fernando Balda.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador aseguró que desconoce el "supuesto asilo" otorgado por Bélgica y anticipó que enviará a las autoridades belgas la solicitud de extradición ni bien le sea remitida por la Corte Nacional de Justicia.
Correa se instaló en ese país poco después de concluir su mandato, y no ha regresado a Ecuador desde inicios de 2018, cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación en su contra y, en dos de ellos, se emitieron órdenes de detención preventiva que no fueron llevadas a la práctica.
El ex presidente siempre se ha jactado de que hasta la fecha, Interpol y Bélgica han descartado cooperar con las órdenes emitidas por la Justicia de su país, y de hecho, comentó en Twitter que el pedido de extradición es "otro papelón de todo el sistema judicial y del Gobierno del cual es títere".
Fue condenado por cohecho agravado en el caso "Sobornos 2012-2016", junto a una veintena de personas, por la recepción de aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para el financiamiento irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
Según el dictamen del caso, Ecuador debe recuperar 14,7 millones de dólares en concepto de daños materiales e inmateriales.
