El Pentágono envió los cargos contra los supuestos perpetradores de los atentados.
"Si resultan culpables, los cinco acusados podrían ser sentenciados a muerte", indicó el Departamento de Defensa.
El gobierno estadounidense reiteró este miércoles su compromiso de hacer justicia por los atentados del 11 de septiembre de 2011, después de que el Pentágono anunciara que Jalid Shaij Mohamed y otros cuatro sospechosos pueden ser condenados a la pena de muerte.
"Han pasado más de diez años desde el 11 de septiembre", señaló el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, quien subrayó que el presidente, Barack Obama, se ha "comprometido" a llevar ante la justicia a quienes están acusados de perpetrar los ataques.
El Pentágono envió los cargos contra Mohamed, Walid Muhamad Salih Attash Mubarak bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, a una comisión militar de Guantánamo.
Los cinco están acusados de ser los responsables de la planificación y ejecución de los atentados del 11-S, en Nueva York, Washington DC, y Shanksville (Pensilvania), en los que murieron 2.976 personas.
"Si resultan culpables, los cinco acusados podrían ser sentenciados a muerte", indicó el Departamento de Defensa en un comunicado, en el que especificó que los cargos se formularon según la Ley de Comisiones Militares de 2009.
Los cargos incluyen terrorismo, secuestro de aeronaves, conspiración, asesinato en violación de la ley de la guerra, ataques contra civiles, ataques contra objetivos civiles, causar intencionalmente lesiones corporales graves y la destrucción de la propiedad en violación de la ley de la guerra.
El procesoEl Pentágono asignará ahora un juez militar para el caso y en un plazo de 30 días se leerán los cargos a los acusados, detenidos en la prisión militar de Guantánamo (Cuba), en un paso más hacia el esperado juicio en el que serán procesados de forma conjunta.
No obstante, se espera que el juicio comience más adelante puesto que, según recuerda la prensa estadounidense, tendrán que volver a considerarse aspectos como la salud mental de los acusados o la petición de alguno de ellos que quiere defenderse a sí mismo.
Los sospechosos habían sido acusados en 2008 por el Gobierno del entonces presidente George W. Bush, pero ante las denuncias de que varios de los testimonios se habían logrado bajo torturas, el Gobierno de Obama retiró los cargos en 2009.
El Gobierno de Obama quiso también que los acusados fueran juzgados en un tribunal civil en Nueva York, en un intento de demostrar que estaba dispuesto a cumplir su promesa de cerrar Guantánamo, pero ante la oposición del Congreso tuvo que desistir y volver a autorizar las comisiones especiales.
