Esto en respuesta a la ley de seguridad nacional China, que contempla la cadena perpetua para disidentes.
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una ley que impone sanciones a las empresas chinas que amenacen la autonomía de Hong Kong y a quienes hagan negocio con estas organizaciones, en respuesta a la imposición china de la ley de seguridad nacional, que contempla la cadena perpetua para disidentes.
"El Congreso de los Estados Unidos, en una dinámica bipartidista, ha estado unido durante mucho tiempo para hacer a Pekín responsable de su brutal campaña contra aquellos que pacíficamente demandan sus derechos y libertades, incluyendo Hong Kong", expuso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, durante el pleno en que fue aprobado el texto.
Pelosi añadió que estas sanciones son "una respuesta necesitada con urgencia a la cobardía del Gobierno de China al aplicar la autodenominada 'Ley de Seguridad Nacional' que pretende acabar con la premisa de 'un país, dos sistemas' prometida hace exactamente 23 años".
Al texto aprobado, se le añadió esta mañana una carta del Departamento de Estado en la que este avisa a las empresas estadounidenses de que se pueden enfrentar a problemas "de reputación, económicos y legales" si hacen negocios con compañías basadas en la región china de Xinjiang.
La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entró en vigor el pasado martes tras ser aprobada por el Legislativo chino y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping; una medida que ha provocado multitudinarias protestas entre los habitantes de Hong Kong.
Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido organizando desde mediados del año pasado, en las que el régimen chino ve una 'mano negra' extranjera, apuntando a Washington.
Entre los detalles de los 66 artículos que componen esta ley, destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión, subversión del poder estatal - acusación usada frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes -, actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.
