El republicano Ron DeSantis creó una junta supervisora que invalidó los acuerdos de la empresa de entretenimiento con el distrito Reedy Creek, quedando a cargo del estado.
Esto se da por una polémica anterior, cuando Disney expresó críticas a una ley floridana que prohíbe hablar de identidad de género en las escuelas.
El pulso de fuerza entre Disney y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, escaló este miércoles con la presentación de una demanda judicial en la que el gigante del entretenimiento afirma ser víctima de una campaña de "castigo" orquestada por el líder republicano y otras autoridades floridanas.
Walt Disney World demandó ante la justicia a DeSantis y otros funcionarios por una "campaña orquestada" que constituye una "amenaza" para sus "operaciones comerciales" y "su futuro económico" en una región donde tiene un complejo de parques temáticos y hoteles con una fuerza laboral de más de 70.000 personas y que genera 1.200 millones de dólares en impuestos al año.
El grupo empresarial alega, además, que en Florida se están violando sus "derechos constitucionales", según el texto de la demanda presenta en los tribunales federales de Tallahassee, la capital del estado.
"La demanda es otro ejemplo desafortunado de su esperanza de socavar la voluntad de los votantes de Florida y operar fuera de los límites de la ley",dijo en añade el comunicado la directora de comunicaciones de la Oficina del Gobernador, Taryn Fenske.
El gobernador DeSantis, a quien Disney ha descrito como un político anti-Florida y anti-empresarial, está fuera de EE.UU., en una gira internacional.
El origen del enfrentamiento está en una crítica hecha por Disney en 2022 a una ley promovida por DeSantis y conocida como "Don't Say Gay", que prohíbe hablar de identidad de género y de orientación sexual en las escuelas.
DeSantis no ocultó su enojo por esa crítica y al poco tiempo empezó a hablar de la necesidad de que Disney dejará de tener autonomía en el distrito cerca de Orlando donde están sus parques.
En febrero pasado la idea se concretó con una ley aprobada por el Congreso floridano, dominado por los republicanos, y luego firmada por DeSantis, que acabó con más medio siglo de autogobierno de Disney, pero todavía quedaba más leña para echar al fuego.
Antes de perder la autonomía, el grupo de entretenimiento, en una jugada legal que sorprendió a DeSantis, firmó acuerdos a perpetuidad con los supervisores del estado que prácticamente ataban de pies y manos a los nuevos funcionarios nombrados por el gobernador para "controlar" el distrito de Disney, llamado Reedy Creek.
La demanda fue presentada esta mañana mientras los integrantes de la junta supervisora creada por DeSantis votaron para invalidar la serie de acuerdos que Disney hizo a principios de este año.
"No conocemos ningún derecho legal que una empresa tenga para operar su propio gobierno o mantener privilegios especiales que no tengan otras empresas en el estado", replicó la directora de comunicaciones de Desantis, Taryn Fenske, en el comunicado publicado tras la demanda.
En el texto judicial, Disney afirma que "la acción de hoy es el último golpe: a instancias del Gobernador, la junta de supervisión del Estado pretendió 'anular' contratos de desarrollo notificados públicamente y debidamente acordados, que habían sentado las bases para miles de millones de dólares de inversión de Disney y miles de puestos de trabajo".
Disney argumenta que "durante más de medio siglo" ha tenido un "impacto inconmensurable en Florida y su economía, estableciendo a Florida Central como uno de los principales destinos turísticos del mundo y atrayendo a decenas de millones de visitantes al Estado cada año".
Según destacan distintos medios locales. Robert A. Iger, director ejecutivo de Disney, ha advertido que la inversión futura en Disney World podría estar en riesgo si el gobernador los continúa usando como un "saco de boxeo político".
La compañía ha destinado más de 17.000 millones de dólares para invertir en sus parques floridanos la próxima década, lo que crearía aproximadamente 13.000 puestos de trabajo.
"Una empresa tiene derecho a la libertad de expresión al igual que los individuos", señaló Iger recientemente en la reunión anual de accionistas al hablar de la crítica a "Don't Say Gay".
"Castigo" y "represalias" son las palabras que usa Disney para describir la supuesta campaña por la que demanda a DeSantis, los cinco miembros de la nueva junta supervisora y el jefe en funciones del Departamento de Oportunidad Económica de Florida, Meredith Ivey.
La demócrata Anna V. Eskamani, que representa a la ciudad de Orlando en el Congreso de Florida, criticó a DeSantis en Twitter al conocerse la demanda.
"Realmente se necesita un gobernador terrible para que alguien como yo exprese su apoyo a una corporación, pero ha sido un gran circo ver a DeSantis continuar atacando y demonizando a Walt Disney World Corporation porque expresaron una opinión que no le gustaba y dejaron de darle contribuciones de campaña", señaló Eskamani.
La congresista, hija de inmigrantes iraníes termina diciendo: "le deseo suerte a Disney en su litigio y le pido al gobernador que lo deje".
DeSantis, que fue reelegido en 2022 con una amplia mayoría, está afianzando su agenda ultraconservadora con una batería de leyes que son aprobadas con facilidad porque las dos cámaras del Congreso de Florida están dominadas por los republicanos.
Se espera que a su regreso de la gira actual y en coincidencia con el cierre del periodo de sesiones en el Congreso a principios de mayo, el gobernador anuncie que aspira a ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024.
