El mexicano Ramiro Hernández fue ejecutado sin haber tenido acceso al apoyo consular.
"Es negativo para la reputación de un país", explicó el vocero de la institución.
Hernández fue condenado a muerte en 2000.
La ONU criticó la ejecución en Estados Unidos del preso mexicano Ramiro Hernández, sosteniendo que el país violó el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos con esta acción.
El vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, comentó que "este caso pone a Estados Unidos en una situación de violación del derecho internacional porque no se concedió al señor Hernández acceso a los servicios consulares, de acuerdo con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares".
Colville añadió que "la violación del derecho a la notificación afecta al debido proceso y la ejecución de un ciudadano extranjero privado de sus derechos consulares constituye una privación arbitraria de la vida".
Con respecto a las consecuencias que pueda tener esta decisión para el país, el vocero dijo que "no hay un policía que va a tocar a la puerta, pero indudablemente es negativo para la reputación de un país".
La ejecución de Hernández había sido suspendida por la jueza Vanessa Gilmore, pero la decisión fue revocada por la Junta de Indultos y Libertad Condicional, a pesar de las protestas de Amnistía Internacional.
