Los ocho jueces empataron en la decisión sobre las medidas migratorias del mandatario.
No explicaron los motivos de su decisión.
Obama descartó volver al formato actual para regular el sistema migratorio.
Los ocho jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos empataron este jueves en su decisión sobre las medidas migratorias del presidente, Barack Obama, con lo que asestaron un duro revés al mandatario y dejaron en el limbo a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
La división del Tribunal Supremo supone un duro golpe para Obama y para los millones de inmigrantes que se hubieran beneficiado de esas medidas migratorias decretadas en noviembre de 2014 mediante acciones ejecutivas y dirigidas a jóvenes indocumentados y padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
De esta forma, el alto tribunal frustra cualquier intento del Gobierno de Obama para frenar la deportación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados y deja la política migratoria en manos del Congreso y del próximo inquilino de la Casa Blanca, elegido en las próximas elecciones de noviembre.
Tras conocer el fallo, el propio Obama descartó volver a actuar para regular el sistema migratorio e instó por enésima vez al Congreso actual para reformarlo.
"Esta decisión rompe el corazón de los millones de inmigrantes que han construido sus vidas aquí, que han formado familias aquí, que confían en tener la oportunidad de trabajar, pagar impuestos, servir en nuestro Ejército y contribuir a este país", dijo el presidente.
"Estoy decepcionado por la falta de decisión hoy en el Tribunal Supremo, pero esto no cambia sustancialmente el statu quo, ni niega que, si queremos resolver eficazmente este problema, tenemos que hacer que el Congreso apruebe una ley", añadió.
"La sentencia está dictada por un tribunal dividido a partes iguales", reza una breve notificación judicial.
En su nota, los jueces no explican los motivos de la decisión sobre las medidas migratorias de Obama, que fueron bloqueadas el pasado febrero, un día antes de su entrada en vigor, a petición de 26 estados liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
La inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia dejó vacante un asiento en el Tribunal Supremo, compuesto normalmente por nueve jueces, y abrió la posibilidad de un empate entre los ocho magistrados restantes, divididos en cuatro jueces liberales y otros cuatro conservadores.
No sienta precedentes
La división mantiene en vigor el bloqueo dictado por una corte anterior, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, aunque no establece ningún precedente legal que pueda afectar a todo el país.
Como no se sienta un precedente legal nacional, diferentes individuos y organizaciones pueden interponer demandas en los distritos judiciales en los que no tiene competencia la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, es decir, en todo el país menos en los estados de Luisiana, Misisipi y Texas.
Los jueces no se pronunciaron sobre uno de los temas principales del caso: si Obama se excedió o no en su capacidad ejecutiva al promulgar por decreto las medidas migratorias, que tienen carácter temporal y permiten a los beneficiarios frenar su deportación, conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
La Casa Blanca ha defendido en varias ocasiones que Obama tiene poder para proclamar los beneficios migratorios, similares a otros promulgados en el pasado por dos ex presidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush.
No obstante, durante todo el proceso judicial, los estados demandantes defendieron que Obama fue demasiado lejos y que el Congreso es el único con capacidad para hacer reformas tan significativas en inmigración.
"La decisión de hoy mantiene lo que hemos dicho desde el primer momento: una persona, incluso un presidente, no puede cambiar de forma unilateral la ley", dijo en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que consideró la decisión "una victoria para aquellos que creen en la separación de poderes".
Demandas de Texas
El otro aspecto importante del caso y sobre el que no se pronunciaron los magistrados es si Texas tiene capacidad para llevar el caso ante el Tribunal Supremo.
En sus demandas, Texas aseguró que las medidas migratorias de Obama impactarán negativamente en sus arcas públicas porque se verá obligado a expedir de manera masiva licencias de conducir a los indocumentados, que pasaban a tener derecho a estos carnés.
Ante ese argumento, la Casa Blanca defendió que los estados no podían desafiar las acciones ejecutivas porque, al no haber entrado en vigor, no habían causado ningún daño tangible a los estados y, por tanto, el caso se sustentaba sobre hipótesis y no hechos.
Los demandantes podrán de nuevo buscar el amparo del alto tribunal en el próximo periodo de sesiones del Supremo, desde octubre de 2016 a junio de 2017.
La posibilidad de que el Tribunal Supremo decidiera sobre inmigración ha despertado gran expectación y cientos de personas se concentraron ante la corte desde primera hora con pancartas en las que podía leerse: "Justicia y dignidad para los inmigrantes" y "protejan a nuestras familias".
