El despliegue de agentes armados con pasamontañas y chalecos antibalas, y que actúan en redadas urbanas, asemeja al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a un "grupo paramilitar", con prácticas que plantean interrogantes penales y constitucionales para los expertos en derecho internacional.
Las formas y la indumentaria militar con las que traajan los agentes del ICE en ciudades estadounidenses han estirado los límites de la política migratoria de la Administración de Donald Trump hacia un terreno cargado de dudas jurídicas y humanitarias.
"Campean a sus anchas por las calles. De algún modo se sienten libres para perfilar étnicamente a la gente y decir: 'Pareces hispano, aumentan las probabilidades de que seas inmigrante ilegal'", señaló a la agencia de noticias EFE Kenneth Manusama, experto en derecho internacional y constitucional estadounidense.
Las muertes a tiros de Alex Pretti y de Renee Good han alimentado protestas y críticas, pero también han reactivado el debate sobre los límites legales de una agencia creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para hacer cumplir la ley migratoria.
Equipamiento militar
Para Manusama, el cambio en la actuación de ICE es visible: "Tienen un estilo mucho más paramilitar y una dirección política clara, con deportaciones masivas. Para eso necesitas una agencia masiva, y ésa es ICE".
La clave, añade, está en la combinación de forma y función: "El hecho de que vayan equipados como militares, patrullen las calles y pidan documentos de forma aleatoria, siendo además un brazo del Gobierno, los convierte en un grupo paramilitar, algo muy de régimen autocrático".
Alerta, además, que "en América Latina se han visto grupos paramilitares así", y que "la comparación que más se hace -y que resulta inquietante- es con la Gestapo alemana de la época nazi, (aunque) no están llevando a la gente a centros de exterminio; quieren deportar".
En la práctica, el ICE "se ha concentrado claramente en personas negras y de piel oscura, eso es innegable".
A su juicio, muchas prácticas del ICE, como la detención sin orden judicial, chocan con principios constitucionales básicos, y la rebaja de los requisitos de acceso a la agencia agrava el problema.
"Si acabas de terminar el instituto y tienes 18 años, puedes entrar en ICE. Recibes unas ocho semanas de formación y sales a la calle" lo que, con equipamiento militar y "un mandato casi libre para interrogar a cualquiera", supone "una receta para el desastre".
Según Manusama, ese contexto ha atraído a muchos perfiles con un trasfondo conservador y de extrema derecha, una visión negativa de los inmigrantes y propensos a actuar de forma agresiva. "Es perturbador", lamenta.
Expulsiones o entregas forzosas
El exabogado de la Corte Penal Internacional (CPI) James A. Godson pone el foco en el patrón de denuncias existentes: "Hay litigios y numerosos informes sobre todo tipo de comportamientos abusivos y presuntas violaciones de la ley que, en conjunto, sugieren que se trata de una agencia que actúa de una manera que, para muchos, se asemeja a una fuerza paramilitar", explica.
Godson encuentra paralelismos claros con el derecho internacional en alegaciones que se litigan bajo el derecho estadounidense.
El primero es el "uso excesivo de la fuerza, disparos, uso de gases lacrimógenos, derribo de personas y amenazas de violencia"; y el segundo se refiere a la ilegalidad de arrestos y detenciones, incluidas represalias por el ejercicio de derechos como "la libertad de expresión, la libertad de protesta" o simplemente "observar con una cámara".
Un tercer ámbito afecta, señala, a las condiciones de detención: "Hay denuncias de personas retenidas en condiciones inseguras, de daños físicos en centros de ICE, de obligar a desnudarse sin fundamento alguno".
A ello se suman dudas sobre las expulsiones que, por "la cuestión de la no devolución" en el derecho internacional, pueden equivaler a una entrega forzosa: "Son personas transferidas a terceros países sin revisión ni evaluación individualizada del riesgo de sufrir tratos inhumanos, tortura u otras formas de persecución en el país de destino", explica Godson.
Ya se han presentado quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por expulsiones a Panamá y ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU por traslados a Costa Rica, y comienzan a impugnarse expulsiones a terceros países con los que los afectados no tienen ninguna nacionalidad ni vínculo alguno.
"No estoy sugiriendo que necesariamente se pueda presentar una demanda contra ICE ante un tribunal internacional", aclara Godson, aunque considera que el derecho internacional ofrece un marco útil para "entender lo que está ocurriendo".
Ambos expertos coinciden en que la rendición de cuentas judicial será compleja y el principal campo de batalla será político, aunque la Administración Trump no se deja impresionar por las acusaciones y califica a los manifestantes de "terroristas domésticos" que socavan la seguridad de EEUU..
