La magistrada concedió una moción de emergencia a migrantes afectados, entre 10 y 15 mil, de países como Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
La Administración de Donald Trump acusa que el beneficio, que permite a migrantes reunirse con sus familias en Estados Unidos, fue mal utilizado.
Una jueza estadounidense impidió de forma temporal acabar con los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, como había ordenado hace un mes la Administración del presidente Donald Trump.
El fallo, ordenado el sábado y difundido este domingo, concede una moción de emergencia a los migrantes afectados, lo que implica una orden de restricción temporal de 14 días contra las nuevas medidas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 12 de diciembre.
"Los demandantes han demostrado daño irreparable para los propósitos de una orden de emergencia temporal. Al balancear el interés de las partes, la corte encuentra que una orden de emergencia está garantizada", indicó la sentencia de la jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Massachusetts.
La orden ocurre un mes después del anuncio del DHS de terminar con el programa "Family Reunification Parole" (FRP) para estos siete países, lo que obligaba a inmigrantes amparados con este beneficio a abandonar Estados Unidos a mediados de enero, si carecían de otra alternativa legal para quedarse en el país.
El programa, implementado durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), ha permitido a migrantes de estos países reunirse con sus familias en Estados Unidos mientras esperan visados o concretar sus procesos migratorios.
Pero el Gobierno de Trump argumentó que estos programas se usaron de manera indebida, al sostener que personas poco verificadas eludieron el proceso tradicional para obtener esa protección migratoria.
Abogados de los migrantes afectados, un estimado de entre 10.000 y 15.000, han advertido de daños para las familias, incluyendo niños, porque la mayoría de ellos perderían su estatus legal y tendrían que abandonar a sus parientes.
La jueza Talwani exigió al DHS que presente documentos administrativos a más tardar el martes para defender su postura y presentar una apelación contra el fallo.
