Newspaper Association of America dijo que "esas acciones (del Departamento de Justicia) estremecen la conciencia estadounidense".
"Supone un atentado directo contra los periodistas", señaló el sindicato "The Newspaper Guild".
Agencia acusó a la entidad de guardar dos meses de registros telefónicos de sus reportero.
Una importante asociación de periódicos de Estados Unidos y un gremio de periodistas coincidieron en condenar la actuación del Departamento de Justicia al presuntamente hacerse con los registros telefónicos de los reporteros y de las oficinas de la agencia de noticias Associated Press (AP).
En sendos comunicados emitidos anoche, la Newspaper Association of America (NAA) y The News Media Guild acusaron al Departamento de Justicia de EE.UU. de haber atentado contra la libertad de prensa.
"Esas acciones (del Departamento de Justicia) estremecen la conciencia estadounidense y violan la imprescindible libertad de la prensa que está protegida por la Constitución" del país, afirmó la presidenta de la NAA, Caroline Little, en un comunicado.
En términos parecidos se expresó el sindicato "The Newspaper Guild", agrupación de periodistas estadounidense.
"La recopilación de estos registros (telefónicos) es espantosa y supone un atentado directo contra los periodistas", afirmó el comunicado de este gremio.
"El Departamento de Justicia tiene que detener semejantes investigaciones. La capacidad de los periodistas de cultivar y proteger sus fuentes es clave para mantener a la sociedad informada sobre las cuestiones de afectan a la vida de la gente", continuó.
El comunicado del Guild agregó que "no hay justificación ni explicación posible para esa investigación desmesurada. Parece que los funcionarios están tergiversando las leyes dirigidas a salvaguardar la seguridad pública como mecanismo para acallar a aquellos que se preocupan por el derecho de la sociedad de estar informada".
De acuerdo con la agencia AP, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut.
El Departamento de Justicia habría realizado estas averiguaciones en el marco de un mandato judicial para investigar presuntas revelaciones de información gubernamental clasificada.
Por el momento, la agencia federal no se ha pronunciado al respecto.
