Gobierno estadounidense impuso sanciones contra 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos.
Objetivo es presionar al gobierno de Nicolás Maduro cuatro días antes de la elección de la Asamblea Constituyente.
Washington llevó en mayo pasado la situación en Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, defendió las sanciones anunciadas por su país contra 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos y avisó de que su Gobierno va a estudiar más medidas.
El Gobierno estadounidense impuso este miércoles sanciones contra 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia, con el fin de presionar al gobierno de Nicolás Maduro cuatro días antes de la elección de la Asamblea Constituyente.
Entre los sancionados están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y ex vicepresidente de Venezuela Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la ex ministra y miembro de la comisión para la Constituyente, Iris Varela; y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
"Estados Unidos va a mantener todas las opciones sobre la mesa, incluida la de sancionar a cualquiera que se sume a la Asamblea Constituyente", dijo Haley a través de un comunicado de prensa, en que, además, aseguró que se van a "examinar medidas adicionales" para exigir responsabilidades al gobierno de Maduro.
"Estados Unidos hizo una promesa a los venezolanos cuando dijimos que no íbamos a quedarnos al margen y ver cómo el régimen de Maduro continúa tratando brutalmente a sus ciudadanos y destruyendo su democracia", dijo Haley.
Según la diplomática, las sanciones anunciadas este miércoles por el Departamento del Tesoro suponen cumplir con esa "promesa", actuando contra "individuos vinculados con la corrupción y la violencia contra el pueblo venezolano".
Haley aseguró además que EE.UU. va a "seguir respaldando a los venezolanos mientras luchan para salvar" su democracia frente a "la violencia, intimidación y negación de servicios de su propio Gobierno".
De la mano de Haley, Washington llevó en mayo pasado la situación en Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque no propuso ninguna acción por parte de Naciones Unidas.
