El Supremo español dictó penas a nueve dirigentes por sedición y malversación: la más alta es para el ex vicepresidente Oriol Junqueras.
El gobierno español llamó a la responsabilidad y a acatar la sentencia.
El Tribunal Supremo español condenó este lunes a 13 años de cárcel al ex vicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Oriol Junqueras, y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia en 2017.
Tres antiguos consejeros del gobierno autonómico catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.
La ex presidenta del Parlamento autónomo catalán Carme Forcdell fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión, todos por un delito de sedición.
Los nueve condenados, que cumplen ya prisión preventiva, son inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público.
Otros tres procesados que estaban en libertad condicional fueron absueltos del delito de malversación y no irán a la cárcel.
El Alto Tribunal juzgó a los 12 líderes soberanistas encausados entre febrero y junio pasados por la organización de un referéndum ilegal de "autodeterminación" el 1 de octubre y una declaración parlamentaria el día 27 a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional español.
La Fiscalía española los acusaba de un delito de rebelión, pero la Abogacía del Estado calificó los hechos juzgados como sedición porque considera que no existió la violencia suficiente para considerarlos rebelión.
El gobierno español llama a la responsabilidad y a acatar la sentencia sobre Cataluña
El gobierno español hizo este lunes un llamamiento a la responsabilidad tras la sentencia del Tribunal Supremo.
En lo que fue la primera reacción del Ejecutivo, el ministro de Fomento y número dos del Partido Socialista (PSOE), José Luis Ábalos, pidió "respeto, acatamiento y cumplimiento" de la sentencia y realizó un llamamiento a la responsabilidad en las reacciones a la decisión de los jueces.
Ábalos, en declaraciones a la televisión pública, recalcó que la decisión del Supremo "deja claro que en España el Estado de Derecho funciona".
El líder del principal partido de la oposición, el Partido Popular, Pablo Casado, consideró que las sentencias suponen un "reproche penal elevado", pero recalcó que "quien la hace la paga".
Casado también pidió al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, que cierre la puerta a posibles indultos a los condenados.
Sánchez tiene previsto comparecer en público durante este día para ofrecer la posición del Ejecutivo sobre la sentencia, mientras que el presidente del Gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, lo hará a las 11.30 hora local en Barcelona (06.30 hora chilena).
Mientras tanto, en algunos puntos de Barcelona, como la Avenida Diagonal y la estación ferroviaria de Sants, se han comenzado a concentrar grupos de personas para manifestar su rechazo a la sentencia y su apoyo a los condenados.
Tras conocerse la sentencia, los primeros en movilizarse fueron los estudiantes, que llamaron a salir de las universidades y concentrarse, en el caso de Barcelona, en la plaza de Catalunya a las 12.00 horas.
Estas marchas comenzaron a complicar la circulación en la ciudad, ya que las manifestaciones fueron cortando a su paso vías céntricas, incluidas las dos rondas, la de Dalt y la del Litoral, que se han ido reabriendo, según medios locales.
