El Tribunal Constitucional español suspendió este jueves cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán previsto para el próximo lunes, con el argumento de que si declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una "aniquilación" de los derechos de los diputados.
Esta suspensión se produce después de que este alto tribunal haya admitido el recurso presentado este mismo jueves por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ante la convocatoria de dicho pleno.
El presidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el próximo día 9 ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del "ilegal" referéndum independentista del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Aunque en el único punto del día de la sesión no se menciona específicamente una declaración de independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya a la coalición de gobierno de centroderecha y republicanos de izquierda Junts pel Sí (JxSí), aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.
Los socialistas catalanes (PSC) presentaron este jueves el recurso, en el que se advierte de que convocar el pleno supone "ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional" sobre la Ley del Referéndum.
Dicha ley, aprobada el pasado 6 de septiembre y suspendida por el Constitucional, dice que en caso de victoria del sí en el referéndum independentista "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria (la Cámara) para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña".
Irregularidades
En esa consulta, declarada "ilegal" y suspendida por el Constitucional español, participaron 2,2 millones de personas, sobre un censo de 5,3 millones (42 por ciento), y el 90 por ciento de los votos fue a favor de la independencia, según señaló el Gobierno regional de Cataluña respecto a una consulta que estuvo plagada de irregularidades.
Entre esas anomalías hubo votaciones en la calle, la implantación de un censo universal poco antes de que se abrieran los centros electorales o la posibilidad de votar aunque fuera sin sobre, con papeletas impresas en casa, urnas que cambiaban de colegios y sin aclarar el proceso de recuento, incumpliendo así su propia Ley del Referéndum, suspendida por el TC.
El PSC afirma en su recurso que "pretender que la citada ley surta efecto supondría un quebrantamiento radical del ordenamiento constitucional".
Del mismo modo, en el supuesto de una declaración formal de independencia, los socialistas catalanes consideran que se daría una "total y completa aniquilación" de los derechos de los diputados, "por la demolición ilegítima del bloque de constitucionalidad en Cataluña".
Rajoy dijo que siempre ha sido partidario del diálogo, pero no "para incumplir la ley o liquidar la unidad nacional". (Foto: EFE)
Rajoy: Unidad de España no puede ser objeto de ninguna mediación
Mientras que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó este jueves que la unidad de España no puede "ser objeto de ninguna mediación ni de ninguna negociación" y subrayó que el "primer diálogo" que debe recuperar el Ejecutivo de la región de Cataluña es en el Parlamento local y con la sociedad catalana a la que "ha dividido".
En una entrevista con EFE, Rajoy respondió así al ser consultado por las diferentes ofertas de mediación planteadas en estos días, después del referéndum.
"Esto no es un problema de mediación", dijo el jefe del Ejecutivo antes de señalar que han sido muchas personas las que se han ofrecido para esa labor, "muchas con buena voluntad".
Para Rajoy de lo que se trata es de "cumplir la ley". Y a partir de ahí "pues ya viviríamos en una situación de normalidad. Podríamos hablar, podríamos dialogar, podríamos acordar, en el Parlamento o fuera del Parlamento".
"Aquí de lo que se trata fundamentalmente es de volver a la normalidad y volver a una situación de legalidad y eso solo lo puede hacer quien ha violado la ley y quien ha establecido una situación de estas características", declaró.
El presidente del gobierno español subrayó que el "primer diálogo" que hay que recuperar es en el Parlamento de Cataluña.
Fue allí donde Puigdemont "no dejó opinar" a los diputados en el pleno de los pasados 6 y 7 de septiembre cuando, "en tres horas, con una mínima mayoría y sin tener competencias para hacerlo", liquidó la Constitución y el Estatuto de Autonomía catalán al aprobar la Ley de Transitoriedad.
Insistió en que él siempre ha sido partidario del diálogo, pero no "para incumplir la ley o liquidar la unidad nacional", al tiempo que añadió que "sobre eso no hay nada que hablar ni tenemos nada que negociar".
