Tal como se había anunciado, el Gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución, asumiendo todas las competencias en la región.
Afirmó que, con esto, "no se suspende la autonomía ni el autogobierno" catalanes.
Las medidas deben ser aprobadas por el Senado.
"Aplicar el artículo 155 no era ni nuestro deseo ni nuestra intención", aseguró Rajoy.
Tal como se preveía, el Gobierno español acordó este sábado asumir todas las competencias en Cataluña y relevar al presidente regional, Carles Puigdemont, y a todos sus consejeros, en aplicación del artículo 155 de la Constitución "para restaurar el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía".
Según informó el diario El País, Rajoy encabezó esta mañana, durante más de dos horas, un Consejo de Ministros extraordinario para decidir cómo aplicar, "por primera vez en democracia", el artículo 155, a través de "un paquete de medidas que ha pactado con PSOE y Ciudadanos".
La agencia de noticias EFE explicó que estas medidas deben ser autorizadas por el Senado, y que el mandatario espera convocar a elecciones regionales en Cataluña en un plazo de seis meses, en cuanto se recupere la situación de "normalidad".
"Los objetivos son cuatro fundamentalmente: el primero, volver a la legalidad; el segundo, recuperar la normalidad y la convivencia, que se ha deteriorado, y desgraciadamente mucho, en Cataluña; en tercer lugar, continuar con la recuperación económica, que hoy en Cataluña está en peligro, en evidente peligro, por las decisiones caprichosas y unilaterales que se han adoptado; y el cuatro gran objetivo es celebrar elecciones en situación de normalidad", explicó Rajoy.
El artículo 155 establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
"Aplicar el artículo 155 no era ni nuestro deseo ni nuestra intención. No lo fue nunca", señaló Rajoy ante los medios de comunicación, comparecencia en la que señaló que "no se pueden hacer peor las cosas que como ha hecho la Generalitat de Cataluña".
El Ejecutivo insistió en que la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las autoridades catalanas frente a los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afecta "de manera grave al interés general de España".
No obstante, según resaltó el diario El Mundo, con la decisión de Madrid "se cesa a las personas que han puesto a esas organizaciones fuera de la ley", pero "no se suspende la autonomía ni el autogobierno" de Cataluña.
"El gobierno está íntimamente relacionado con este objetivo de que se celebren de elecciones en Cataluña: la facultad de disolver -si el Senado así lo decide-, el Parlamento pasa al presidente del gobierno; el presidente del gobierno -si el Senado así lo decide- tendrá que convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses; sin embargo, la voluntad, la mía, es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad e institucionalidad que sin duda es uno de los objetivos de futuro", detalló.
El Ejecutivo central acordó aplicar las previsiones de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.
Qué implica
El ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno español, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros del Ejecutivo central.
Todos los departamentos están afectados, entre ellos vicepresidencia, Economía y Hacienda, Interior (responsable de la policía regional), Justicia, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Enseñanza, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Pesca.
Además, el Gobierno limitará las funciones del Parlamento catalán para que no pueda proponer candidato a la Presidencia de Cataluña ni pueda celebrar el debate y votación para su investidura mientras estén vigentes las medidas propuestas.
El Parlamento catalán tampoco podrá tomar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer el derecho de veto sobre las decisiones de la cámara catalana.
"Situación inaceptable"
Según Rajoy, no hay ningún país del mundo democrático y civilizado en el que se haya vivido una situación como el "inaceptable" órdago secesionista de las autoridades de Cataluña.
España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.
El presidente catalán asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según los datos de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.
El Ejecutivo envió un requerimiento a Puigdemont para que cumpla la legalidad constitucional y lo instó a exponer sus propuestas y dialogar en el Parlamento español.
La ala más radical de la alianza que gobierno de Cataluña, la CUT, está presionando a la administración regional para que declare la independencia este lunes, durante las manifestaciones que se realizan en Barcelona.
