Reprocharon al Parlamento haber dejado a los ciudadanos "a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno".
Los catalanes mantuvieron su oferta de diálogo.
"Un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento", indicaron desde el TC.
El pleno del Tribunal Constitucional español consideró este martes nula, por inconstitucional, la ley del referéndum catalán de independencia, en una sentencia en la que niega a esa región el derecho a la autodeterminación.
La ley anulada ya había sido suspendida de modo cautelar el pasado 7 de septiembre, al día siguiente de ser aprobada por el Parlamento de la región de Cataluña.
A pesar de eso, las autoridades locales convocaron para el 1 de octubre un referéndum secesionista, cuya ilegalidad confirmó en esta jornada el TC, en el que participaron algo más de 2,2 millones de personas, con una mayoría abrumadora de "síes" a la independencia.
La sentencia del TC reprocha al Parlamento catalán haber dejado a los ciudadanos "a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno" y, por tanto, arbitrario.
En el fallo, adoptado por unanimidad, el TC espeta al legislativo catalán que "un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".
El alto tribunal español recalca que la región de Cataluña no es sujeto del derecho de autodeterminación, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado.
Ni está reconocido en la Constitución ni forma parte del ordenamiento jurídico por vía de tratados internacionales, dice.
Ese derecho está limitado en "diversas resoluciones inequívocas de las Naciones Unidas" a los casos de "sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras".
Fuera de esos supuestos, "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
Además, el Tribunal considera que la ley en su conjunto es, "con toda evidencia, inconstitucional", al contrariar explícitamente "principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de Derecho, y la propia supremacía de la Constitución".
La sentencia reitera que la Constitución admite "su revisión total", pero ésta sólo puede llevarse a cabo "en el marco de los procedimientos de reforma" que el texto constitucional prevé.
Así, el Parlamento de Cataluña, con "desconocimiento pleno" de la lealtad constitucional y del principio democrático, "se ha situado por completo al margen del Derecho", dice también la sentencia.
Gobierno catalán mantiene oferta de diálogo
El Gobierno regional de Cataluña mantendrá su oferta de diálogo "sin condiciones" al Ejecutivo español ante el último plazo que éste le dio para que cumpla la legalidad y renuncie a la declaración de independencia, anunció el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull.
Turull, que insistió en que el presidente catalán, Carles Puigdemont, "no se moverá" de su oferta de diálogo, anunció que si el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, lo rechaza "obviamente habrá que tomar decisiones".
"Ni plegaremos velas ni nos quedaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas", dijo el portavoz catalán, aunque no concretó si el Gobierno regional catalán levantará la suspensión de la declaración de independencia en caso de que se aplique el artículo 155 de la Constitución.
Investigación por sedición a jefe de Policía catalana
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitará ampliar al 1 de octubre, día en el que se celebró el referéndum ilegal independentista, la investigación al jefe de la Policía catalana (Mossos d'Esquadra), Josep Lluis Trapero, por un delito de sedición.
La juez Carmen Lamela dejó este lunes en libertad, con medidas cautelares, a Trapero por el asedio, el pasado 20 de septiembre, a la Consejería de Economía catalana, en el que varios agentes de la Guardia Civil permanecieron casi 24 horas encerrados, en un registro por orden judicial vinculado a los preparativos de la consulta ilegal.
La Fiscalía tiene previsto presentar un nuevo informe o bien ampliar la denuncia tramitada en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional, que el lunes acordó prisión sin fianza para los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
