La empresa pública Tragsa retiró noche unas 60 toneladas de basura que habían quedado acumuladas en las calles de Madrid a causa de la huelga que los trabajadores de las compañías privadas contratadas para ese servicio mantienen desde hace 12 días.
Ante la falta de acuerdo entre las empresas adjudicatarias del servicio, OHL-Ascan, FCC y Sacyr-Valoriza, y los sindicatos, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decidió el viernes movilizar a Tragsa y presentar una denuncia a dichas compañías por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Así, tras una intensa noche de limpieza, las calles de la capital española comenzaban a recuperar paulatinamente su aspecto normal.
Los trabajadores del servicio de limpieza y mantenimiento de jardines de la capital española comenzaron la huelga hace 12 días, en protesta por los planes de las empresas de recortar más de 1.100 empleos de los 6.000 con que cuenta el sector.
La intervención de la empresa pública esta noche transcurrió con normalidad y sin incidencias, según la directora general de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, Marta Alonso, y el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Emilio García.
Se espera empresas "entren en razón"
Mientras, los sindicatos y los representantes de las tres empresas concesionarias llegaron esta madrugada a un acuerdo de principios que deberá ser ratificado este sábado por el resto de trabajadores en asamblea.
El acuerdo de principio establece la congelación de los salarios durante los próximos cinco años a cambio de que no hayan despidos.
En declaraciones a los periodistas, Félix Carrión, de CCOO, ha asegurado que espera las empresas "entren en razón" y se presten a retirar sus expedientes de regulación de empleo, una "condición sine qua non" para poner fin a las movilizaciones.
"No entenderíamos no llegar a un acuerdo aquí después de haber conseguido ayer un acuerdo satisfactorio", declaró el representante del sindicado Comisiones Obreras (CCOO).
El grupo Tragsa, designado por el Ayuntamiento de Madrid para cumplir con los servicios mínimos de limpieza viaria, es una empresa pública vinculada a la protección del medio ambiente, la sostenibilidad del medio rural y los servicios.
El 51por ciento del capital del grupo está controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un conjunto de empresas públicas que dependen del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que desarrollan actividades muy diversas.