Entre 5 y 20 años de cárcel deberán cumplir ocho miembros de esta red de prostitución.
Les ofrecían la posibilidad de ir a España a trabajar o formarse a cambio de una cantidad que oscilaba entre 30.000 y 50.000 euros.
Las forzaban con malos tratos amenazas sobre su familia e incluso con ritos de vudú.
Un juzgado de Barcelona condenó a penas de entre 5 y 20 años de cárcel a ocho miembros de una red de prostitución que explotaba sexualmente a jóvenes nigerianas, a las que forzaban a que se prostituyeran en Barcelona con amenazas e incluso atemorizándolas con rituales de vudú.
En la sentencia, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona absolvió a dos de los acusados, ya que no pudo acreditar su pertenencia a la red, y recriminó a los otros ocho procesados que atentaran contra la dignidad de las víctimas mediante "amenazas, coacciones y violencia física", lo que cree que les generó un "intenso daño moral".
La sala considera probado que los acusados contactaban en Nigeria con mujeres "jóvenes y vulnerables", acuciadas por una precaria situación económica, y les ofrecían la posibilidad de ir a España a trabajar o formarse a cambio de una cantidad que oscilaba entre 30.000 y 50.000 euros (23 millones y 39 millones de pesos chilenos).
Cuando eran captadas, las chicas eran trasladadas a España bien por vía aérea o siguiendo una ruta terrestre o marítima, llegando incluso a utilizar pateras (embarcaciones pequeñas)
Una vez en Barcelona, los miembros de la organización, aprovechándose de su vulnerabilidad por desarraigo, las forzaban a ejercer la prostitución en la zona de Las Ramblas, el Raval o en los alrededores del Camp Nou, para saldar la deuda contraída, con malos tratos, amenazas sobre su familia e incluso con ritos de vudú, como lo atestiguó en el juicio una víctima protegida.
El tribunal condenó a los acusados por los delitos de pertenencia a organización criminal, inmigración ilegal, trata de seres humanos, prostitución y falsedad en documento oficial.
Además de las penas de cárcel, que van de los 20 a los 5 años, la Audiencia también impone a los acusados la obligación de indemnizar a sus víctimas con cantidades que oscilan entre los 20.000 y 100.000 euros (15 millones y 78 millones de pesos chilenos).
Los acusados integraban una red asociada con la organización criminal Supreme Eiye Confraternity, una de las más importantes de Nigeria, que entre finales de 2007 y el año 2012 se dedicó a la captación e introducción en España de jóvenes nigerianas para su explotación sexual.
