El juez Juan Carlos Peinado dio por cerrada la instrucción de la causa y decidió procesar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusada de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El juez rechazó prorrogar más la investigación en un auto divulgado este lunes en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento por los mismos delitos contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.
La causa contra Gómez fue abierta por el juez Peinado en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.
Peinado, tras cerrar la instrucción, da ahora un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -por un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones.
Se investiga si el financiamiento a una cátedra universitaria pública ocultaba pagos para beneficios personales. (FOTO: EFE)
La función del jurado popular es emitir un veredicto, que indica si está probado o no el hecho que se juzga, y determinar la culpabilidad e inculpabilidad de cada acusado para que, a continuación, el magistrado que preside la sala dicte sentencia.
"Aprovechamiento singular de su posición relacional"
El juez Peinado afirmó haber encontrado indicios suficientes para procesar a Gómez por un delito de tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, una entidad pública, y aseguró que no encuentra un supuesto similar en democracia.
"Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado", sostiene el juez.
Desde que Sánchez se convirtiera en jefe del Ejecutivo, a mediados de 2018, según las conclusiones del juez, "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a la cátedra y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".
Es decir, que su sola condición de "esposa de" pudo servir para influir, apunta el magistrado.
El juzgador compara las conductas de Gómez con prácticas de "regímenes absolutistas", indicando que no encuentra un supuesto similar en democracia. (FOTO: EFE)
En cuanto al delito de corrupción, considera Peinado que Gómez fue "la impulsora de la captación de fondos privados", no para esa cátedra universitaria pública, según los indicios, sino para "su patrimonio personal".
Así, el patrocinio o la financiación de la cátedra por empresas pudiera ser solo la apariencia de una "retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada".
La acusación por malversación
También propone Peinado juzgar por malversación a Gómez y su asesora Álvarez por "tareas ajenas al cometido institucional del puesto" en relación con los servicios prestados por la segunda de ellas, retribuida con fondos públicos, a la primera, la esposa de Sánchez.
El magistrado cree asimismo que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio el software desarrollado en esa cátedra, llamada de Transformación Social Competitiva.
Begoña Gómez y Sánchez se encuentran actualmente de viaje oficial en China.
