Las fuerzas de seguridad han recopilado una serie de supuestas pruebas que indicarían que ANV y PCTV pasaron a formar parte del entramado radical y estar al servicio de ETA.
El gobierno español prepara las acciones necesarias para evitar que dos partidos vascos, a los que se considera instrumentalizados por Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA, concurran a las elecciones generales del próximo marzo.
El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció este miércoles que el viernes pedirá la autorización del Gobierno para iniciar las gestiones dirigidas a la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), por su presunta relación con la ilegalizada Batasuna.
Fernández Bermejo anunció en una conferencia de prensa que se pretende evitar que ambos partidos puedan presentarse a las elecciones generales que se celebrarán en España el 9 de marzo.
Las fuerzas de seguridad españolas han recopilado una serie de pruebas que indicarían que ambos partidos han pasado a formar parte del entramado de Batasuna y a estar al servicio de ETA.
"No descartamos ninguna hipótesis ni cautelar ni definitiva como puede ser la impugnación de candidaturas", dijo el ministro, quien aseguró que cualquier procedimiento será utilizado si entienden que es necesario para garantizar que no estén en las elecciones, "porque tenemos prueba sobrada de que son una mera continuidad del complejo Batasuna".
La autorización del Consejo de Ministros del próximo viernes es un trámite previo de obligado cumplimiento para que el servicio jurídico del Estado pueda actuar para poner en marcha el proceso de ilegalización.
El titular de Justicia no especificó la fórmula que se empleará ya que la estrategia procesal depende del servicio jurídico del Estado.
Tampoco dijo si se pedirá la suspensión cautelar de actividades de ambas formaciones mientras resuelve el Tribunal Supremo, aunque ha insistido en que se adoptarán las medidas necesarias para conseguir el objetivo de que no concurran al proceso electoral.
Entre las pruebas están las relativas a las fuentes de financiación y al desvío a Batasuna o a sus dirigentes de parte de los ingresos que como partido político reciben de las instituciones públicas del Estado.
La ilegalización de ambas formaciones políticas era una de las principales reclamaciones del conservador Partido Popular, el rival principal de los socialistas en las próximas elecciones y que ha hecho de la política de dureza hacia ETA y su entorno uno de los ejes de su campaña. (EFE)
