La infanta Cristina es sindicada como presunta "cooperadora" en delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin.
El juez que lleva la causa pide una pena de ocho años de cárcel.
La infanta y su esposo habrían desviado hacia una fundación de su propiedad el equivalente a 4.500 millones de pesos chilenos de fondos públicos entre 2004 y 2007.
La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, será juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales de los que se acusa a su marido, Iñaki Urdangarin.
El juez instructor del llamado "caso Nóos", José Castro, la incluyó como acusada en el auto de apertura de juicio oral que dictó hoy.
En contra de los argumentos de la defensa de Cristina de Borbón, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro consideró que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey, para la que reclama ocho años de prisión.
El caso, abierto en la Audiencia de Palma de Mallorca (Islas Baleares) investiga al Instituto Nóos, una fundación sin fines de lucro que presidió Urdangarín, a la que supuestamente se desviaron 6,1 millones de euros (unos 4.500 millones de pesos chilenos) de fondos públicos entre 2004 y 2007.
La infanta Cristina y su esposo crearon la sociedad Aizoon, cuya propiedad compartían al 50 por ciento, a la que presuntamente se desviaron los fondos ilícitos, defraudando así a la hacienda pública.
Acusación "profusamente fundamentada"
El juez instructor, en un auto contra el que, según su criterio, no cabe recurso, fijó para Cristina de Borbón una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros (3,1 millones de dólares).
Castro rebatió los argumentos de la defensa de la infanta, particularmente los de la Fiscalía Anticorrupción, que presentaron escritos reclamando el sobreseimiento de la causa respecto a ella en aplicación de la llamada "doctrina Botín", por la que no se llevó a juicio al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
Una de las razones esenciales del instructor es que en el caso en el que el Tribunal Supremo decretó que la acusación popular no estaba legitimada por sí sola para llevar a juicio al presidente del Banco de Santander, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaban el sobreseimiento de la causa, mientras que en el caso Nóos sólo lo solicitan para la infanta, no para otros acusados.
En respuesta a los reproches del fiscal del caso, Pedro Horrach, sobre la supuesta indefensión de la infanta ante la actuación de Castro, el juez asegura que "ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada", y que de haber diferencia de trato sería por haber sido con ella "incluso aun más garante que con los demás imputados".
Además de la infanta Cristina, otras 16 personas serán juzgadas por diferentes delitos en este proceso, ente ellas su esposo, Iñaki Urdangarín, el socio de éste, Diego Torres, y su esposa; y Jaume Matas, que fue presidente del gobierno regional de las Islas baleares y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar.
