El Tribunal Supremo español reanudó este miércoles el juicio contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar los crímenes del franquismo, con la declaración de varios testigos cuyos familiares desaparecieron en la guerra civil (1936-1939).
Los primeros testigos explicaron que acudieron a la Audiencia Nacional (el alto tribunal donde ejercía el magistrado, ahora suspendido de sus funciones) en busca de "justicia", después de múltiples gestiones infructuosas para localizar a sus familiares desaparecidos.
"Se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñina. Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre murió enferma tras su desaparición", contó Pino Sosa, representante de una asociación de la Memoria Histórica de la isla de Gran Canaria.
Además, María Martín López, recordó ante el tribunal cómo mataron a su madre el 21 de septiembre de 1936, y confirmó que sabe dónde se encuentra el cadáver, en una fosa con otros cinco cuerpos.
Ante las preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, las dos mujeres explicaron que interpusieron una denuncia en 2006 en la Audiencia Nacional después de haber fracasado en todas las gestiones realizadas para localizar a sus familiares en ayuntamientos y juzgados.
Por su parte, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, de otra asociación de Memoria Histórica, denunció un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno de la Segunda República, que podría llevar a pensar que se produjeron "actos de genocidio" y aseguró que se llegó a esa conclusión tras analizar los datos de los archivos del Estado a los que no tuvieron acceso hasta el año 2000.
Rodríguez Gallardo dijo también que será "imposible" saber qué pasó con los desaparecidos sin la intervención judicial y exclusivamente con el trabajo de historiadores y personas dedicadas a la Memoria Histórica.
El juez Garzón negó ante el tribunal haber actuado por razones políticas al declararse competente para investigar las desapariciones durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
"Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal", dijo el magistrado ante el Tribunal Supremo.