La iniciativa fue rechazada en la Cámara Baja, aunque se podrán introducir enmiendas de cara a una nueva votación.
Las diferencias por las modificaciones presentadas por Junts fueron claves para el resultado.
La ley de amnistía a los independentistas catalanes responsables del intento secesionista de 2017 será nuevamente negociada en el Congreso español, tras el rechazo de la Cámara Baja al texto propuesto por el Gobierno, que ya avanzó que no cambiará su posición en futuras conversaciones.
La Cámara respondió con una mayoría de votos en contra al texto propuesto por el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una negativa a la que se sumó la formación catalana Junts, que quería un mayor amparo y sobre todo incluir los delitos de terrorismo relacionados con el proceso en esta medida de gracia.
Después de que el PSOE rechazara las enmiendas claves de Junts para amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con este proceso independentista, la ley fue apoyada por 171 diputados, pero la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont (huido a Bélgica desde 2017) se unió al bloque del 'no', formado por los partidos de derecha y ultraderecha, que sumó 179 votos.
Las enmiendas clave de la formación de Puigdemont buscaban cubrir con la amnistía todo posible delito de terrorismo y también la traición, los delitos contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional, aspectos que no aceptó el PSOE.
Ahora los grupos parlamentarios dispondrán de un máximo de un mes para introducir nuevas modificaciones en la proposición, un plazo que podría acortarse a 15 días por el trámite de urgencia que se sigue en la Cámara Baja.
La votación sobre la amnistía era la segunda ocasión en la que el Gobierno de coalición formado por el PSOE y la plataforma Sumar se enfrentaba a su débil mayoría parlamentaria, sustentada en varias formaciones independentistas, regionalistas y nacionalistas.
Hace apenas 15 días, el Ejecutivo de Sánchez salvó el primer escollo en la primera gran votación de la legislatura con un acuerdo de último minuto con Junts para votar a favor de varios decretos con medidas anticrisis y judiciales, entre ellos uno que desbloqueaba 10.000 millones de euros de fondos europeos.
A Junts le sirvió la segunda ocasión para cumplir con su amenaza de tumbar una propuesta del Gobierno y paralizó en seco la tramitación de la ley de amnistía al no conseguir arrancarle al PSOE los cambios que buscaba, mientras que el Gobierno dejó claro que hasta aquí han llegado y que no están dispuestos a tocar más una ley que consideran impecable, sean cual sean sus consecuencias.
Con el regreso ahora de la ley de amnistía a la Comisión de Justicia del Congreso, el Gobierno y sus socios ganan un mes para renegociar la ley, cuya aprobación exigen los independentistas para apoyar al Ejecutivo el resto de la legislatura.
Mientras la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, justificó en el pleno su no a la ley porque no podían dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las "arbitrariedades de la cúpula judicial", el Gobierno entonó un rotundo de aquí no nos vamos mover.
El Gobierno se asoma, una vez más aunque ahora en un nuevo escalón, al abismo de una legislatura sin el apoyo de Junts a sus iniciativas. Su respuesta ha sido que el timón de la legislatura lo tiene Pedro Sánchez, que es quien decide cuándo finaliza.
Desde Junts aseguraron que confían en sacar adelante sus enmiendas, aunque fueran rechazadas por los socialistas en el pleno.
Por el contrario, fuentes de la otra formación independentista catalana con representación en el Congreso, Esquerra Republicana, que votó a favor de la ley, consideraron que Junts se ha metido en un callejón y creen que se verá obligado a dar marcha atrás en la Comisión de Justicia, porque el PSOE ha ido al límite y no puede aceptar más cambios.
