Las desapariciones forzadas son un crimen que perdura en el tiempo mientras no se resuelva el paradero de aquellos que fueron desaparecidos, por lo que cabe investigar lo ocurrido durante la guerra civil española.
Esta es la respuesta que el presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzosas o involuntarias, Ariel Dulitzky, dio este lunes al estado español, que a través de su representante ante la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, rechazó el viernes que los expertos investiguen lo ocurrido durante la guerra civil.
"No es correcto que el Grupo de Trabajo se atribuya una competencia para el examen de los hechos del pasado que incluyen aquellos que han tenido lugar antes de la propia existencia de las Naciones Unidas", señaló la embajadora el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos, que acababa de escuchar la presentación que Dulitzky hizo del informe de España.
Este lunes, en rueda de prensa, el presidente del grupo fue claro.
"Primero, no estamos de acuerdo con la embajadora de que nuestro trabajo debe tener una limitación temporal".
"Respecto a que no intervenimos antes de 1945, esto era una práctica antigua que el grupo decidió cambiar. Y España está informada al respecto. La desaparición forzada es un crimen que dura en el tiempo mientras ésta no se resuelva, no hay limitación temporal", agregó.
Ley de Amnistía
En su intervención, la embajadora también aludió al hecho de que los expertos critiquen que España no investigue dichos crímenes y recordó que en España existe la ley de Amnistía de 1977, y que ésta prohíbe las investigaciones.
"Una ley de amnistía tiene que entenderse más allá de su contexto", respondió Dulitzky.
"No criticamos la ley per se, sino la interpretación que de ella se hace. Nosotros creemos que aún existiendo la ley hay espacio para buscar a los desaparecidos, y procesar y castigar a los culpables", añadió.
El presidente del grupo recordó que otros países, y citó a Chile, que aunque tenían leyes de amnistía han investigado, procesado, inculpado y castigado a responsables de violaciones de derechos humanos por crímenes cometidos en el pasado.
"España debería iniciar investigaciones sobre lo que ocurrió en la guerra civil y la dictadura", concluyó.
España tiene ahora 90 días para redactar un informe sobre la implementación de las recomendaciones hechas por los expertos.
