Directora de la entidad fue acusada por la justicia gala sobre rol en caso de 2007.
La investigación por presunta corrupción se encuentra abierta.
Lagarde ha asegurado que apelará a la decisión de los tribunales franceses, que consideró como "infundada".
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su "confianza en la capacidad" de su directora gerente, Christine Lagarde, "para desempeñar debidamente sus funciones", tras ser informado de su imputación en un tribunal francés por negligencia.
"Como hemos señalado anteriormente, sería improcedente pronunciarse sobre una causa actualmente abierta en el sistema judicial francés", indicó el máximo órgano decisorio de la institución financiera internacional en un escueto comunicado.
"Sin embargo, el Directorio Ejecutivo ha sido informado sobre acontecimientos recientes relacionados con este asunto y continúa expresando su confianza en la capacidad de la directora gerente para desempeñar debidamente sus funciones", agregó en la nota.
Lagarde fue imputada por "negligencia" esta semana en la investigación abierta en Francia respecto al llamado caso Tapie, que afecta a la etapa en la que fue ministra de Economía del conservador Gobierno de Nicolás Sarzoky, entre 2007 y 2011.
La directora gerente regresó el miércoles a Washington después de declarar en París el martes ante la Corte de Justicia de la República, instancia habilitada para juzgar a los ministros por delitos cometidos durante su gestión en el Gobierno, que ya ha interrogado a la ex ministra en cuatro ocasiones.
Historia del caso
La investigación busca determinar si hubo corrupción en la atribución de una indemnización de 403 millones de euros (529 millones de dólares) al empresario Bernard Tapie, en 2007, por la venta de la empresa de equipamiento deportivo Adidas en los años 90.
Confiscada a Tapie, esa empresa fue vendida por el banco Crédit Lyonnais por un precio muy inferior al de mercado, según Tapie, que reclamaba al Estado una indemnización.
Tras años de litigio, Lagarde, como ministra de Economía en el Gobierno del conservador Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2011, antes de su llegada al FMI, decidió que fuera un arbitraje privado el que fijara la indemnización.
El hecho de que no fueran los tribunales los que calcularan el monto de la indemnización provocó que se abriera una investigación judicial por presunta corrupción.
