El blanqueo de dinero habría tenido lugar entre 2005 y 2008, durante el anterior gobierno.
En el citado período los tres acusadoseran ministros.
El actual presidente del Parlamento griego y dos ex ministros, los tres pertenecientes al gobernante partido Nueva Democracia (ND), han sido acusados por varios testimonios ante un juez de estar implicados en el blanqueo de 10.200 millones de euros, según informa hoy el dominical Real News.
El periódico asegura que, según testimonios ante un juez y ante la Agencia de Persecución de Evasión Fiscal (SDOE), el blanqueo de dinero habría tenido lugar entre 2005 y 2008, durante el anterior gobierno de la conservadora ND.
El diario, que cita declaraciones del copropietario y del representante legal del grupo de inversiones inmobiliarias Karuzos, que quebró en agosto de 2010, asegura que en el blanqueo estuvieron implicados el actual presidente del Parlamento, Yorgos Meimarakis, así como Yorgos Vulgaris y Mijalis Liapis.
En el citado período los tres eran ministros -Meimarakis fue ministro de Defensa, Liapis ocupó la cartera de Tansportes y Vulgarakis las de Orden Público (2004-2006), Cultura (2006-2007) y Marina Comercial (2007-2008)-, y niegan las acusaciones.
"El verdadero objetivo de la creación del Grupo Karuzos era el blanqueo de dinero de ex ministros cuyos ministerios acordaban contratos importantes", cita el rotativo uno de los testimonios.
Los ministros habrían cobrado comisiones ilegales y el grupo Karuzo se encargaba de sacar ese dinero del país y depositarlo en paraísos fiscales.
Las explicacionesMeimarakis ha anunciado en un comunicado que mañana visitará "al fiscal del Tribunal Supremo para pedirle que ese asunto se aclare lo antes posible".
Liapis, por su parte, ha señalado que presentará mañana "una demanda por difamación", y Vulgarakis, que fue obligado a presentar su dimisión al cargo en 2008, cuando salió a la luz que era propietario de una serie de compañías "off shore", ha desmentido también, vía Twitter, su implicación en el caso.
Estas acusaciones llegan en un momento de creciente malestar social, por las medidas sucesivas de severos recortes del gasto público, especialmente de salarios y pensiones, que han provocado una recesión sin precedentes y el incremento del desempleo hasta el 24 %
