Países Bajos introducirá una nueva Ley de Delitos Sexuales que busca ofrecer una mejor protección a las victimas de acoso y violencia sexual, por la que ya no será necesario demostrar la "coacción" para probar que hubo una agresión sexual.
Según anunció este miércoles la ministra en funciones de Justicia, Dilan Yesilgöz, la ley entrará en vigor el 1 de julio, después de haber recibido el respaldo del Parlamento y el Senado, y la norma protegerá mejor a las victimas de comportamientos sexuales inapropiados, agresión sexual y violación.
En este sentido, se considerará culpable de un delito de violación o agresión sexual el agresor que continúa con su contacto sexual a pesar de las claras señales de que la otra persona no lo desea, tanto si lo expresa verbalmente o con comportamiento físico explícitamente rechazante, pero también con una postura pasiva, como un "cuerpo congelado por el miedo", señala.
La ministra reconoce que conseguir pruebas de delitos sexuales sigue siendo difícil porque, en muchas ocasiones, los únicos testigos son los directamente involucrados, por lo que seguirá siendo "necesario" apoyarse en pruebas como marcas en el cuerpo, grabaciones de cámaras o mensajes de texto.
La ley también penalizará la intimidación sexual en público, lo que incluye acoso en redes sociales e internet, pero también incidentes en la calle.
"Es inaceptable que se eviten calles y que las personas -a menudo mujeres y niños- no puedan usar de manera segura internet y las redes sociales, por miedo al comportamiento sexual no deseado de otros", denunció Yesilgöz.
La pena máxima para varios tipos de delitos sexuales también aumentará y los casos de violación ya no podrán prescribir, por lo que las victimas no tendrán un limite temporal para presentar una denuncia contra su agresor.
"Con esta ley establecemos una norma clara: el sexo siempre debe ser voluntario y en igualdad de condiciones. Una persona está cometiendo un delito si sabe o debería saber que la otra persona no quiere, pero aún así continúa", señaló la ministra liberal.
Antes de que la ley entre en vigor, unos 25.000 agentes de la policía deberán completar un curso de formación para poner en práctica esta legislación, como también se formará a unos 250 fiscales, algunos estarán especializados en delitos sexuales.
