El electorado irlandés, a menudo impredecible en referéndums, rechazó modernizar la Constitución para eliminar las referencias sexistas y anticuadas al papel de la mujer en la sociedad y redefinir el concepto de familia, a fin de extenderlo más allá del basado en el matrimonio.
El referéndum sobre la familia fue rechazado por el 67,7 por ciento del electorado, formado por 3,3 millones de personas, mientras que la consulta sobre los cuidados, que quería eliminar las referencias obsoletas hacia la mujer, obtuvo el 73,9 por ciento de desaprobación.
Así, la mayoría de la ciudadanía propinó dos sonoros "bofetones" al Gobierno, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, en las dos consultas celebradas este viernes, tal y como reconoció este sábado su primer ministro, Leo Varadkar.
El dirigente irlandés recordó que con estos resultados se elevan a 13 los referéndums que ha perdido un Gobierno de este país en toda su historia, por lo que descartó consecuencias inmediatas, como la dimisión del ministro de Infancia, Igualdad, Integración y Discapacidad, Roderic O'Gorman.
En línea con otros análisis, el "taoiseach" -primer ministro-, admitió que la campaña generó muchas dudas entre el electorado y que, "claramente", se equivocaron en la estrategia para convencerlo sobre la urgencia y necesidad de estas reformas, por lo que tendrán ahora que reflexionar al respecto.
El dirigente conservador también atribuyó la confusión y apatía general a la redacción de los textos elegidos para sustituir a los de la Carta Magna, escrita en 1937 con la ayuda de la Iglesia católica, enormemente influyente hasta hace muy poco.
"Lo que quiero decir a la gente es que, respecto a la labor del Gobierno sobre igualdad de género, sobre la mejora de las condiciones de los que aportan cuidados, sobre los derechos de los discapacitados, seguiremos trabajando", subrayó Varadkar, hijo de inmigrantes indios abiertamente homosexual.
Varadkar aceptó que "mucha gente ha fallado", entre otros, él mismo -dijo-, sobre todo cuando la derrota fue por un margen "tan grande" en unas consultas en los que la participación fue "aceptable".
En realidad, en ninguna de las dos votaciones la participación llegó al 45 por ciento, muy lejos del 64 por ciento alcanzado en el referéndum sobre el aborto de 2018, después que las encuestas ya detectaron al final de la campaña que en torno al 35 por ciento del electorado estaba indeciso o dudaba incluso en acudir a las urnas.
ESTRATEGIAS DE LA CAMPAÑA OPOSITORA
El Ejecutivo contó con el apoyo de todos los principales partidos y movimientos progresistas, mientras el bando opuesto, que desarrolló una tensa campaña en redes sociales, lo integraron varios diputados independientes y grupos ciudadanos ultraconservadores con agendas contrarias a la inmigración, la globalización o las políticas medioambientales.
Estos últimos añadieron más confusión aludiendo que la redefinición de la familia provocaría un aumento de la inmigración o que afectaría a las economías de unidades monoparentales, al tiempo que denunciaban la desaparición de los términos "mujer" y 'madre' de la Constitución.
La llamada 'Enmienda de Familia' planteaba si el Estado debía reconocer a las unidades familiares como conjuntos de personas "basados en el matrimonio o en otras relaciones duraderas".
A este respecto, voces más cualificadas que grupos de internet indicaron que la expresión "relaciones duraderas" es confusa y advirtieron de que podría afectar a casos relacionados con la legislación familiar, fiscal, inmigración o a disputas por herencias.
La Constitución irlandesa, conocida como Bunreacht na hÉireann, ha experimentado cambios fundamentales en los últimos años, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015 y la derogación de la prohibición del aborto en el país en 2018.
La redefinición del concepto de familia y del papel de la mujer en la sociedad, aunque sea solo sobre el papel, tendrán que esperar para adaptarse a la Irlanda que había dejado atrás el control de élites ultraconservadoras y de la Iglesia católica.
