Las autoridades de Polonia informaron que han aumentado sus efectivos militares en la frontera con Bielorrusia ante lo que ya denominan una "amenaza" a la seguridad del país propiciada por la llegada masiva de inmigrantes apoyada por el régimen de Minsk.

El coronel Marek Pietrzak, portavoz de las Fuerzas de Defensa Territorial polacas, anunció que hay 8.000 efectivos de este cuerpo de voluntarios "listos para movilizarse de inmediato", en lo que constituye un paso más en el despliegue de fuerzas en una zona a la que se ha prohibido el acceso.

Mientras, el presidente polaco, Andrzej Duda, hizo un llamado a la cooperación de todas las fuerzas políticas del país para afrontar lo que ha llamado "un asunto demasiado serio para hacer política" y calificó como "ataque sin precedentes" por parte de Bielorrusia.

El primer ministro, Mateusz Morawiecki, aseguró que Polonia "no se dejará intimidar" y "defenderá la paz en Europa" con sus "socios" de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Bruselas prometió incrementar sus sanciones contra el régimen de Aleksander Lukashenko y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó este martes su apoyo a Varsovia en esta crisis.

Bielorrusia, por su parte, advirtió a Polonia que no debe, bajo ninguna justificación, usar la fuerza contra los migrantes que se encuentran en la zona fronteriza entre ambos países.

Muestra de la preocupación que suscita la situación en la frontera es que el Parlamento polaco comenzó este martes una sesión extraordinaria para abordarla.

Las autoridades fronterizas polacas informan de la concentración de 800 personas junto al límite entre los dos países y en imágenes hechas públicas por el Gobierno se puede ver cómo decenas de personas, entre ellas muchos niños, se han instalado en campamentos en la zona.

Durante la tarde del lunes se produjeron varios intentos, por parte de estos grupos, de derribar la valla que delimita la frontera en la zona de Kuznica y varias instalaciones, como postes de iluminación y alambradas, resultaron dañadas.

CIERRE DE LA ZONA

El Gobierno polaco decretó este martes y "hasta nuevo aviso" el cierre al tráfico civil de las carreteras de la zona donde se produjeron esos incidentes, una medida aún más estricta que el estado de emergencia vigente desde el 2 de septiembre en los casi 200 municipios fronterizos con Bielorrusia.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Piotr Müller, afirmó que no hay intención de introducir la ley marcial.

Además, puntualizó Müller, mientras se estén llevando a cabo los trabajos de construcción de un muro en los 420 kilómetros de frontera que comparten Polonia y Bielorrusia, seguirán aplicándose restricciones al acceso y circulación de civiles en la zona.

Varsovia ya tiene desplegados a más de 12.000 efectivos, entre militares y guardias fronterizos, pero este número se está incrementando con el traslado desde varias ciudades de policías y la llegada inminente de unos mil voluntarios de la Fuerza de Defensa Territorial.

Tanto Polonia como Lituania y Letonia acusan a Minsk de permitir e instigar la llegada a la frontera de ciudadanos de Irak, Afganistán y Siria, entre otros países, con la promesa de poder entrar en la Unión Europea.

Algunos miembros del Gobierno aseguran tener constancia de la existencia de redes ilegales que, a cambio de dinero, transportan a grupos de migrantes hasta la zona fronteriza e incluso les proporcionan números de teléfono de periodistas y organizaciones humanitarias para facilitarles su infiltración, pero las restricciones de acceso a la zona hacen difícil confirmar este tipo de información.

FRÍO Y FALTA DE PROVISIONES

Debido a las bajas temperaturas, la falta de provisiones y protección, al menos diez refugiados han muerto en la frontera en los últimos dos meses.

Al contrario que Letonia y Lituania, Polonia ha rehusado hasta el momento la asistencia de la agencia europea de fronteras Frontex.

Con su actitud y sus declaraciones, el Gobierno polaco ha dejado claro que desde su punto de vista no se trata tanto de una crisis humanitaria como de una "guerra híbrida" en la que los civiles están siendo utilizados como instrumentos para desestabilizar a Europa y las fronteras de la UE, en represalia por las sanciones adoptadas contra el régimen de Lukashenko.