La Comisión Europea (CE) impuso este jueves aranceles provisionales de hasta el 37,6% a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China para compensar los perjuicios para los productores comunitarios causados por subvenciones desleales a ese sector chino.
La Comisión llegó a esta conclusión nueve meses después de haber abierto de oficio una investigación antisubsidios a estas importaciones y mientras continúa las conversaciones con las autoridades chinas para tratar de encontrar una solución, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Los derechos individuales aplicables a los tres productores chinos incluidos en la muestra ascienden al 17,4% para BYD, el 19,9% para Geely y el 37,6% para SAIC.
Además, otros productores de vehículos eléctricos de China que cooperaron en la investigación pero no fueron incluidos en la muestra están sujetos al derecho medio ponderado del 20,8%, mientras que el que se aplicará a otras empresas que no colaboraron será del 37,6%.
Las cifras se corrigieron ligeramente a la baja en comparación con los aranceles anunciados el pasado 12 de junio (se apuntó entonces a un máximo del 38,1%), sobre la base de los comentarios sobre la exactitud de los cálculos presentados por las partes interesadas, indicó la CE en un comunicado.
La medida ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y se aplicarán a partir de mañana, 5 de julio, por una duración máxima de cuatro meses.
Dentro de ese plazo, deberá adoptarse una decisión final sobre los derechos definitivos, mediante votación de los Estados miembros de la UE.
Cuando se adopte esta decisión, los derechos serán definitivos durante un periodo de cinco años que podrán ser prorrogados previa solicitud justificada y revisión posterior.
Investigación
La investigación comunitaria ha hallado irregularidades en los subsidios concedidos a lo largo de toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos chinos, como los centrados en el suministro de litio y baterías por debajo del precio de mercado, exenciones fiscales sobre el consumo de baterías, bonos verdes o subsidios nacionales.
Alerta igualmente de financiación concedida con preferencias, programas del impuesto sobre la renta, provisión de terrenos por debajo del precio de mercado o subvenciones directas.
La CE también ha examinado las probables consecuencias y el impacto de estas medidas en los importadores, usuarios y consumidores de vehículos eléctricos en la UE.
Según ha hallado, la cuota de mercado de las importaciones chinas ha pasado del 3,9% en 2020 al 25% actual, mientras que los precios de esas importaciones debilitaban los precios de la industria de la UE.
Según la CE, si no hubiera tomado medidas, las inversiones necesarias para la transición verde no sería posible y se perderían 2,5 millones de empleos directos y 10,3 millones de empleos indirectos en la UE.
Bruselas destacó que las consultas con el Gobierno chino se han intensificado en las últimas semanas, tras un intercambio de puntos de vista entre el vicepresidente Ejecutivo de la CE y titular de Comercio, Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.
"Seguimos trabajando intensamente con China para encontrar una solución mutuamente aceptable. Cualquier resultado negociado de nuestra investigación debe responder clara y plenamente a las preocupaciones de la UE y respetar las normas de la Organización Mundial del Comercio", indicó Dombrovskis.
Próximos pasos
La Comisión inició formalmente su investigación el pasado 4 de octubre y debe concluir en un plazo máximo de 13 meses a partir de esa fecha.
Explicó que los aranceles provisionales están asegurados por una garantía (en la forma que decida la aduana de cada Estado miembro) y sólo pueden percibirse en determinadas circunstancias cuando se haya decidido imponer derechos definitivos.
De acuerdo con el procedimiento ordinario de defensa comercial comunitario, los Estados miembros votarán ahora las medidas provisionales, mediante procedimiento escrito y por mayoría simple, dentro de 14 días a más tardar, pero la votación no será vinculante jurídicamente.
Además, las partes interesadas pueden solicitar audiencias con los servicios de la Comisión en un plazo de cinco días a partir de la entrada en vigor de las medidas provisionales y presentar observaciones en un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor.
Teniendo en cuenta las observaciones de las partes interesadas, la Comisión dará a conocer su propuesta de medidas definitivas, si las hubiera, y concederá un plazo de 10 días para que puedan presentarse observaciones.
A continuación, la Comisión presentará su decisión final a los Estados miembros y será adoptada a menos que haya una mayoría cualificada (el 55% de los países de la UE que representen como mínimo al 65% de la población total de la Unión).
Si no hay acuerdo con China, la Comisión prevé llegar a esos definitivos a finales de octubre.
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