La ley aprobada en el Congreso fue declarada constitucional en medio de polémica.
Asociaciones contrarias a la iniciativa alegan que deteriorará las condiciones laborales de las mujeres que se dedican a la actividad.
Las profesionales estarán obligadas a ejercer sus labores en lugares escondidos y con menores protecciones
Francia multará a los clientes de la prostitución que sean sorprendidos en el acto con montos desde 1.500 euros (equivalentes a un millón 130 mil pesos chilenos), y de hasta 3.750 euros (2,8 millones de pesos) en caso de reincidencia.
Así lo dictaminó este viernes -tras dos años de batalla- el Consejo Constitucional del país, al que habían recurrido diversas organizaciones sociales ante las consecuencias que consideran negativas para las profesionales del sexo.
Choque de opiniones
Asociaciones como Médicos del Mundo o el Sindicato de Trabajadoras del Sexo consideraron que esa disposición -copiada de la legislación sueca- no tiene efectos para la reducción de la prostitución y, además, deteriora las condiciones laborales, al obligar a quienes viven de esa práctica a ejercer en lugares escondidos y con menores protecciones, además de obligar a las prostitutas a reducir sus precios y aceptar las condiciones de los clientes.
En una investigación aportada por los opositores a la medida una prostituta contaba, por ejemplo, que desde la entrada en vigor de la ley los clientes rehúsan ponerse preservativos, lo que redunda en un incremento de las enfermedades de transmisión sexual.
Otro argumento utilizado era que penalizar al cliente contravenía la libertad individual e introducía una sanción desproporcionada. El recurso se formalizó primero ante el Consejo de Estado que, a su vez, elevó la cuestión al Constitucional.
"Cambio de paradigma"
Por el contrario, defensores de la norma, como "Osez le feminisme" o el Colectivo de Mujeres contra la Violación, defienden el "cambio de paradigma" que supone la sanción, porque -en su opinión- "es el único medio pragmático para luchar contra las redes de explotación" de mujeres.
Tales argumentos son apoyados por el Alto Consejo para la Igualdad, que estima que el hecho de que adquirir actos sexuales sea legal "hace perdurar la idea de una desigualdad fundamental entre mujeres y hombres" al asentar la idea de que "el cuerpo femenino se puede comprar".
Los miembros del Consejo Constitucional recordaron en su sentencia que no les compete entrar en el fondo de ese debate, que corresponde al Poder Legislativo, y dictaminaron que la ley se ajusta a la Carta Magna.
Se limitaron a señalar que "la gran mayoría" de las prostitutas "son víctimas de proxenetismo y de la trata" por lo que la medida "no es inapropiada" para los objetivos fijados por el legislador de preservar la dignidad humana y mantener el orden público.
