La reforma del sistema de pensiones, impopular entre los franceses por contemplar una extensión de dos años de la edad mínima de jubilación, hasta los 64, dará este lunes un primer paso hacia su aprobación final con la prevista adopción del texto por parte del Consejo de Ministros de Francia.
A pesar de la contestación en las calles (una huelga y dos manifestaciones en el espacio de cuatro días), el Ejecutivo sigue firme en su proyecto y celebrará una rueda de prensa posterior a su reunión ministerial para aportar nuevas explicaciones sobre su reforma.
El texto pasará entonces a ser examinado el próximo 30 de enero en una comisión de la Asamblea Nacional y, a partir del 6 de febrero, se iniciará el debate en el hemiciclo, que se espera tenso por la férrea oposición a esta reforma por parte de la izquierda y la ultraderecha.
En todo caso, el partido del presidente Emmanuel Macron, que perdió la mayoría absoluta en junio de 2022, espera sacar adelante el proyecto antes del final del verano gracias a los votos del partido conservador Los Republicanos.
El Ejecutivo del liberal Macron esgrime que el régimen de jubilación actual es "deficitario y no tiene perspectiva de mejora a medio plazo", un argumento refutado por los sindicatos, los partidos de izquierda y la ultraderecha, quienes ya han mostrado una firme oposición en las calles y en el Parlamento.
El pasado jueves 19 los sindicatos paralizaron parte del país en una jornada de protestas de envergadura -con al menos un millón de participantes-, mientras este sábado 21 fue el turno de miles de jóvenes progresistas los que se manifestaron en París. La próxima jornada de movilización sindical está convocada para el 31 de enero.
Aparte del aumento de 62 a 64 años para 2030 en la edad mínima de jubilación, la propuesta del Ejecutivo contempla adelantar a 2027 el aumento de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de una jubilación completa (hasta ahora previsto para 2035).
Recientes sondeos muestran que los franceses se oponen mayoritariamente (en torno a dos tercios) a esas dos medidas, aunque una buena parte reconozca la necesidad de cambiar el sistema.
La reforma de las pensiones también procura acabar con los regímenes especiales de jubilación, más ventajosos que el del sistema general y utilizados en muchas ocasiones por empresas del sector público, como la eléctrica estatal EDF.