El presidente francés, Emmanuel Macron, afronta la madre de todas sus reformas, las pensiones, con el anuncio de un gran debate y concertación social hasta finales de año que impida que las resistencias, que ya se manifiestan desde una parte del frente sindical , cuajen en una protesta que le condene al inmovilismo.
Dos días después de que el comisario que él mismo eligió para la reforma, Jean-Paul Delevoye, presentara públicamente sus propuestas, Macron se esforzó en señalar este sábado que no son la última palabra y que a la vuelta de las vacaciones de verano habrá una fase de varios meses de debate social y concertación.
Será "a finales de año o a comienzos del año próximo" cuando las modalidades quedarán fijadas en un proyecto de ley que aprobará entonces su Gobierno y que probablemente no se empezará a debatir en el Parlamento hasta después de las elecciones municipales de marzo.
Durante ese periodo de debate, uno de sus principales retos del gobierno frances, es llegar a un acuerdo con el primer sindicato del país, la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), que se ha mostrado dispuesto a debatir sobre la reforma, solo si se aceptan algunas de sus modificaciones, en particular sobre la llamada "edad de jubilación de equilibrio".
El objetivo de la reforma
El presidente insiste en que se trata de mantener "un sistema de reparto en el que los que trabajan financian las pensiones de los que están jubilados, pero que sea más justo, en particular para las mujeres y para los que han tenido carreras entrecortadas".
En la práctica eso significa en primer lugar un sistema universal de cotización que sustituya los 42 que existen en la actualidad en el sector público y privado, y por tanto la desaparición de la decena de regímenes especiales con condiciones muy favorables.
En esos regímenes hay cerca de 765 mil personas como enfermeras o policías, pero sobre todo de empresas de capital público como la ferroviaria SNCF, la eléctrica EDF o la del transporte metropolitano de París RATP, que pueden jubilarse a una edad más temprana que el resto.
Más de la mitad deberían perder ese privilegio y ahí está el mayor foco potencial de protestas en forma de huelgas, manifestaciones y perturbación de la actividad.
La creación de un régimen universal se hará mediante un sistema de puntos que se irán acumulando durante toda la carrera profesional, y Macron ha hecho hincapié en el carácter progresivo del nuevo dispositivo. No afectará a los actuales jubilados ni a los trabajadores nacidos antes de 1963.
Los principales puntos del debate
La modificación que más atención ha suscitado en el informe de Delevoye es la "edad de jubilación de equilibrio" que permitirá cobrar una pensión completa y que inicialmente se fijará en 64 años en 2025, cuando se prevé que empiece a aplicarse la reforma.
Es la edad con la que se garantizaría el equilibrio financiero del sistema, y que tendrá tendencia a aumentar si sigue subiendo la esperanza de vida como hasta ahora, o si el envejecimiento demográfico empeora el nivel de dependencia entre activos y jubilados.
Como era una promesa de Macron desde que fue elegido en 2017, se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 62 años, pero con una rebaja del 5 por ciento respecto a la pensión completa por cada año que falte para llegar a la edad de equilibrio. Los que sigan trabajando más allá de los 64 años tendrán una bonificación equivalente.
El criterio para tener derecho a una pensión completa dejará de ser haber cotizado durante 43 años (la regla para los nacidos en 1973) que lleva a muchos a continuar en el mercado de trabajo tras haber llegado a los 62 años de la jubilación voluntaria.
Los puntos acumulados son los que determinarán la pensión que se cobrará. Por cada 100 euros cotizados durante la vida activa -con un tipo único del 28,12 por ciento que se repartirán al 60 por ciento la empresa y al 40 por ciento el asalariado- se recibirán 5,5 euros cada año de jubilación.
"Los mecanismos de solidaridad"
Para las personas con periodos de cotización entrecortados, como mujeres que han dedicado años a cuidar a hijos o personas dependientes o quienes han sufrido periodos de paro o de inactividad, su pensión se completará hasta un mínimo equivalente al 85 por ciento del salario mínimo (mil euros al nivel actual), frente al 81 por ciento hasta ahora (75 por ciento para los agricultores).
Por cada hijo que se haya tenido, a los derechos de pensión se añadirá una bonificación del 5 por ciento, que se podrá repartir entre los dos padres, pero que por defecto se atribuirá a las madres.
Cuando uno de los dos miembros de una pareja se quede viudo, la pensión del superviviente será el 70 por ciento de lo que recibían juntos los dos en vida.