La líder ultraderechista, que aspira a ser la primera mujer presidenta de Francia, arriesga 10 años de cárcel.
Se la acusa de utilizar platas destinadas al pago de asesorías para financiar ilegalmente a su partido, el Frente Nacional.
Le Pen -líder de la actual Agrupación Nacional- dice ser inocente y se declara perseguida por la justicia.
La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por un presunto desvío de 6,8 millones de euros del Parlamento Europeo (unos 6.800 millones de pesos chilenos) para financiar su partido político, un juicio que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a la carrera presidencial en 2027.
La actual cabeza de los parlamentarios de extrema derecha en la Asamblea Nacional está acusada, junto a otras 26 personas, de haber pagado con dinero de la Eurocámara a personal que trabajaba para el partido, haciéndoles pasar por asistentes parlamentarios de Bruselas, entre 2004 y 2016.
De ser declarada culpable, arriesga 10 años de cárcel, un millón de euros de multa y diez años de inhabilitación, lo que echaría tierra a su ambición de convertirse en la primera mujer presidenta de Francia.
Le Pen niega la acusación y se declara perseguida por la justicia, a la que atribuye un intento de frenar su ascenso en los sondeos, un alza electoral en los últimos años que le llevó a ser la opción más votada en las pasadas elecciones legislativas, con más de 10 millones de sufragios.
Su entorno asegura que Le Pen acudirá de forma regular al tribunal y que no se escudará en sus abogados, pese a que el juicio coincide con una cargada actualidad política, con los primeros pasos del nuevo Gobierno dirigido por Michel Barnier, cuya supervivencia depende de la tutela de la extrema derecha.
Diez años de investigación y casi 2.500 pruebas han sacado a la luz lo que la acusación ha bautizado como "una trama para atribuir al Parlamento Europeo buena parte de los gastos del Frente Nacional", rebautizado posteriormente como Agrupación Nacional.
El dinero que la Eurocámara entrega a cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios servía en realidad para retribuir a empleados del partido, según la Fiscalía, que ha acumulado testimonios, mensajes internos y otras pruebas para apoyar la acusación.
En la cúspide de esa trama estaba, en un primer momento, Jean-Marie Le Pen, él mismo diputado europeo durante más de 30 años, el gran ausente del banquillo de los acusados por su delicado estado de salud a sus 96 años de edad.
El relevo lo tomó su hija Marine, que entró en la cámara de Bruselas en 2004 y que, según la acusación, mantuvo el esquema que permitió al partido superar la difícil situación financiera que lo obligó incluso a vender su cuartel general histórico, ubicado a las afueras de París.
Aunque la Fiscalía sostiene que el desvío de fondos es antiguo, fue a partir de 2014 cuando cobró mayor fuerza, porque el FN ganó las Europeas francesas y sentó 24 parlamentarios en Bruselas y Estrasburgo, que tenían a su servicio 23.000 euros mensuales cada uno para contratar asistentes parlamentarios.
La propia Le Pen utilizó el dinero para pagar el salario de su jefa de gabinete y de su guardaespaldas personal, según la acusación, que cree que otros muchos de los supuestos asistentes parlamentarios apenas pisaban el Parlamento Europeo.
En el caso de su jefa de gabinete, Catherine Griset, actualmente diputada europea, entre octubre de 2014 y agosto de 2015 pasó sólo 12 horas en la sede de la Eurocámara, mientras que trabajaba entre 15 y 22 días por mes en la del partido, según la acusación.
En 2015, el entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, fue quien denunció el caso y motivó la apertura de la investigación, tanto en la justicia francesa como en la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF).
Además de Le Pen, están acusados once ex eurodiputados, entre ellos el actual alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, expareja de la líder ultraderechista; el que fuera número dos del partido, Bruno Gollnisch, o el todavía diputado europeo Nicolas Bay.
Junto a ellos, doce asistentes parlamentarios y cuatro colaboradores del partido figuran también entre los acusados, al igual que el propio partido como "persona moral".
El juicio, que durará siete semanas, tiene muchos puntos en común con el que tuvo en febrero pasado François Bayrou, aliado centrista del presidente Emmanuel Macron, que fue absuelto por falta de pruebas, pero cinco de sus diputados fueron condenados a pequeñas penas exentas de cumplimiento efectivo, en un caso en el que el desvío de fondos era muy inferior, de apenas 293 mil euros.
La justicia investiga una acusación similar sobre los diputados europeos de la izquierdista La Francia Insumisa.
