El ex presidente francés Nicolas Sarkozy será juzgado por la presunta financiación irregular de su campaña del 2012, después de que el Tribunal Supremo desestimara este martes el recurso presentado para evitar sentarse en el banquillo.
La investigación del llamado caso "Bygmalion" fue abierta en 2014, año en que la prensa reveló que el ex mandatario superó el límite máximo de gasto permitido durante una campaña electoral, que era de 22,5 millones de euros (casi 18 mil millones de pesos).
El juez instructor consideró en febrero de 2017 que Sarkozy debía comparecer ante un tribunal junto con otros 13 acusados y, aunque el político conservador recurrió esa decisión, el Supremo la validó este martes.
Según la denuncia, para ocultar los sobreprecios de los actos electorales y de los viajes, los imputados recurrieron a los servicios de la empresa de comunicación Bygmalion, que emitió facturas falsas.
Su abogado, Emmanuel Piwnica, hizo notar en la cadena BFM TV que lo único que se le reprocha a su cliente es haber sobrepasado los límites de financiación, pero que no estaba implicado ni conocía la supuesta trama de falsificación de facturas.
El ocultamiento de dineros
La investigación concluyó que se ocultaron unos 20 millones de euros de gastos (alrededor de 16 mil millones de pesos) que debían haber figurado en las cuentas de campaña de Sarkozy, que acabó costando al menos 42,8 millones (poco más de 34 mil millones de pesos).
Las cuentas de esa campaña -en la que salió derrotado frente al socialista François Hollande- fueron invalidadas en julio de 2013 por el Consejo Constitucional, encargado de revisarlas, lo que hizo que tuviera que pagar más de 360 mil euros de multa (cerca de 287 millones de pesos) y devolver la subvención pública, de casi 12 millones (alrededor de 9.600 millones de pesos).
Esa multa no impidió que se abriera una investigación judicial y que en febrero de 2016 fuera inculpado.
La imputación disminuyó sus opciones en las primarias de derecha de noviembre de ese año, en las que quedó tercero en la primera vuelta, por detrás de su ex primer ministro François Fillon, que acabó ganando, y del también ex jefe de gobierno Alain Juppé.
El cargo de financiación ilegal de campaña electoral podría acarrearle hasta un año de cárcel y 3.750 euros de multa (casi 3 millones de pesos).
Sarkozy tiene pendiente además otro proceso por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas.
