"Esperamos que los sentencien a todos a muerte", dijo el padre de la víctima.
Coinciden en esta exigencia el Gobierno y políticos de oposición.
El crimen, ocurrido en diciembre, ha tenido notoria repercusión internacional. Las autoridades locales se vieron obligadas a cambiar las leyes y no pocas piden hoy la horca para los violadores.
Un tribunal de Nueva Delhi declaró culpables este martes a los cuatro acusados por la violación con resultado mortal ocurrida en diciembre del año pasado a bordo de un autobús, crimen que conmocionó a la India, desatando protestas con repercusión a nivel mundial.
En medio de una oleada de peticiones para que los culpables sean sentenciados a la horca, la Corte estudiará mañana la condena contra Pawan Gupta, vendedor de frutas; Mukesh Singh, desempleado; Vinay Sharma, monitor de gimnasio, y Akshay Thakur, limpiador, quienes bien podrían la pena capital por los 13 cargos de los que son culpables.
"Condeno a todos los acusados. Han sido encontrados culpables de violación en grupo, ofensas antinaturales, destrucción de evidencias y de asesinar a una víctima indefensa", dijo el magistrado Yogesh Khanna en una abarrotada sala judicial.
Los padres de la víctima escucharon con "lágrimas en los ojos" el veredicto, a pocos metros del juez y de los convictos, según relataron testigos presentes en la sala, que añadieron que había un un fuerte dispositivo policial en la audiencia.
Gobierno y oposición piden la muerte
"Estamos contentos con la condena. Ahora esperamos que el juez les sentencie a todos a muerte", declaró el padre, reiterando una petición que ha realizado la familia en múltiples ocasiones y que incluso es compartida por las autoridades.
"Aprobamos unas estrictas leyes contra la violación. La pena de muerte está asegurada en estos casos. Los culpables serán ahorcados en casos similares en el futuro", dijo hoy el ministro del Interior, Sushilkumar Shinde.
"Deberían ser sentenciados a pena de muerte. Establecería un ejemplo para el futuro", coincidió Sushma Swaraj, líder de la oposición en el Parlamento y dirigente del partido Bharatiya Janata.
La activista por los derechos humanos y de la mujer Ranjana Kumari dijo a Efe que considera que la pena de muerte es una reliquia en un país democrático, pero sostuvo que los convictos deben recibir la máxima condena que establezca la ley.
"La pena de muerte solo se aplica en los casos excepcionales entre los excepcionales. Este lo es. Han sido encontrados culpables de los 13 cargos de los que estaban acusados. Hay que dejarlo a la sabiduría del tribunal", opinó Kumari.
El destino de los acusados
La Justicia india aplica la pena capital siguiendo el principio "caso excepcional entre los excepcionales", para delitos de especial violencia o alevosía.
Los abogados de los convictos han anunciado que recurrirán la condena ya que consideran que sus clientes son inocentes y mañana buscarán la cadena perpetua, la pena mínima para los delitos por los que han sido encontrados culpables.
"Han sido condenados por la presión política. Los acusados son pobres sin ningún poder. Por ello han sido condenados", afirmó uno de los abogados, A. P. Singh.
Los padres de Mukesh, uno de los condenados, abandonaron la sala entre lágrimas y la madre se tiró a los pies de uno de los abogados, quien defendió que el convicto conducía el vehículo en el que se cometió el crimen pero no sabía que ocurría en el interior.
Un quinto implicado menor de edad fue condenado hace 10 días a tres años de reclusión en un correccional, en una decisión que causó indignación en la familia de la víctima y grupos sociales, que reclamaron que se le juzgara como adulto y fuese condenado a muerte.
Un sexto acusado, mayor de edad, se suicidó en la cárcel, según la versión oficial.
Caso emblemático
La víctima, una estudiante de fisioterapia de 23 años, regresaba el pasado 16 de diciembre con un amigo de ver una película en un cine cuando subieron a un autobús en el que ella fue violada y torturada por los seis hombres en Nueva Delhi.
La joven murió 13 días después en un hospital de Singapur.
El ataque desató una ola de protestas multitudinarias en el gigante asiático, y dio pie a un profundo debate sobre la discriminación y violencia que padecen las mujeres en el país.
Ante la magnitud de las protestas, el Gobierno se vio forzado a modificar la legislación y endurecer las penas contra los delitos sexuales y estableció la pena de muerte para las violaciones en caso de la muerte de la víctima o que ésta quede en estado vegetativo.
La ley también estableció penas de entre seis meses y dos años de cárcel para los agentes de policía que se nieguen a registrar una denuncia por agresión sexual, un hecho denunciado por grupos feministas.
Además, se crearon cortes de vía rápida para los casos de violaciones, otra demanda de activistas y manifestantes que acusan a los tribunales de ser laxos y lentos en los casos de agresiones sexuales.
Recientemente el Tribunal Supremo dictaminó que en los casos de violación no se puede reducir la pena aunque la víctima perdone al violador o se case con él, una práctica que ocurría a menudo.
Desde el caso de hace nueve meses, la India vive en un estado de psicosis por las continuas acusaciones de agresiones sexuales que han acaparado las portadas de la prensa local e internacional.
Esas denuncias han afectado al turismo extranjero en la India, según datos oficiales y de operadores turísticos.
