La plaza y calles adyacentes al Parlamento islámico amanecieron rodeadas por un fuerte dispositivo policial.
Los responsables de los maltratos a los manifestantes detenidos serán enjuiciados.
La Policía iraní montó uno de los mayores despliegues policiales de los últimos tiempos en los alrededores del Parlamento iraní para disuadir a la oposición de las protestas y concentraciones durante el acto de investidura como nuevo presidente de Mahmud Ahmadineyad, que comenzó a primera hora.
La plaza y calles adyacentes al Parlamento islámico amanecieron rodeadas por un fuerte dispositivo policial ante la convocatoria de protestas de los opositores que continúan denunciando fraude en el escrutinio de las elecciones del pasado 12 de junio.
Según pudo comprobar EFE, los agentes no permiten que nadie se detenga y las personas que pasean por las inmediaciones del Parlamento islámico son conminadas a continuar la marcha sin detenerse.
Los policías han tomado igualmente las calles adyacentes para impedir que los opositores puedan tratar de escapar, en caso de enfrentamientos, del dispositivo montado en torno a la sede de la Asamblea.
El presidente del Parlamento islámico, Ali Lariyani, rival de Ahmadineyad y ex negociador iraní en el conflicto nuclear, dio comienzo al acto con un discurso tras el recitado de versos del corán.
El pasado lunes, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, otorgó a Ahmadineyad la orden firmada para ratificar su segundo mandato en la Presidencia en un acto organizado en el hoseiniye (mezquita chií) del imán Jomeini, al norte de Teherán.
Detenidos por protestas
El Consejo Superior para la Seguridad Nacional (CSSN) de Irán informó hoy de que los responsables del centro penitenciario de Kahrizak, al sur de Teherán, deberán responder ante la Justicia por los maltratos a los manifestantes reformistas allí detenidos.
Según un comunicado de la secretaria del CSSN, citado por la agencia IRNA, esta decisión se ha tomado después que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ordenara enjuiciar a los responsables de violar los derechos de los presos.
El comunicado dice asimismo que todas las personas culpables de maltratos o torturas, ya sean policías o funcionarios de prisiones serán llevados ante los jueces.
