El ex primer ministro se defendió señalando que testigos y pruebas "han demostrado total inconsistencia".
El aludido parlamentario reconoció haber recibido pagos de "Il Cavaliere".
Sentencia será emitida el 8 de julio.
La Fiscalía de Nápoles solicitó este miércoles una pena de cinco años de prisión para el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, acusado de sobornar a un senador para hacer caer el Gobierno de Romano Prodi en 2008.
El fiscal Alessandro Milita imputa al líder conservador el delito de corrupción, informaron los medios locales.
También está acusado en el caso el ex director del diario L'Avanti Valter Lavitola, acusado de mediar en el supuesto soborno y para quien la Fiscalía pidió una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión.
El próximo 7 de julio será el turno de los abogados defensores, mientras que la sentencia se espera para el día posterior, el 8 de julio.
"Proceso político"
Berlusconi aseguró en un comunicado que "la petición la de la Fiscalía de Nápoles choca con la realidad y con todos los resultados procesales, en línea con la tradición de los peores procesos políticos. Confío en que el Tribunal quiera rápidamente restituir la verdad de los hechos y pronunciar una sentencia totalmente absolutoria", manifestó.
Por otro lado, sus abogados subrayaron en una nota conjunta que "todos los testigos y todas las pruebas documentales han demostrado la total inconsistencia de la acusación".
"Que la Fiscalía de Nápoles, a pesar de esto, haya decidido solicitar la máxima condena posible es verdaderamente absurdo", declararon los letrados que componen la defensa de Berlusconi: Franco Coppi, Michele Cerabona, Bruno Larosa y Niccolò Ghedini.
De Gregorio reconoció pagos
Los fiscales consideran que el magnate logró hacer caer el Ejecutivo de Prodi (2006-2008) al comprar el voto del senador Sergio De Gregorio, quién dejó su partido, Italia de los Valores, que formaba parte de la coalición gubernamental, para integrarse en las filas del entonces partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad.
Su voto y el de otros senadores que también abandonaron la mayoría en el Gobierno acabaron precipitando la caída del Ejecutivo de Prodi durante una votación en el Senado en 2008. Fue sucedido por el tercer y último Ejecutivo de Berlusconi (2008-2011).
Esta tesis se basa en la declaración del propio De Gregorio, quien confesó haber recibido un pago de tres millones de euros y que pactó una pena de un año y ocho meses de prisión.
De Gregorio también reconoció su responsabilidad como mediador en el supuesto pago de Lavitola, recluido en la penitenciaría de Secondigliano por sus múltiples condenas derivadas de otros procesos.
Los planes de Berlusconi según la Fiscalía
Los fiscales reconstruyeron en el aula del Tribunal de Nápoles todo el caso y explicaron a los jueces de la Primera Sección Penal que Berlusconi tenía la intención de invertir decenas de millones de euros para corromper senadores.
"No solo es un episodio de corrupción, sino un episodio de gravedad extrema. Estoy convencido de que también otros han participado como De Gregorio, solo que no hemos conseguido identificares", apuntó Milita, citado por los medios.
Añadió: "Era una operación destinada a subvertir el orden democrático. Una página oscura en la política italiana. Si la herrumbre de la corrupción arrolla el núcleo de la democracia, el peligro es grandísimo".
Este caso de presunta corrupción llega en un momento en el que Berlusconi, de 79 años, ha regresado a la escena pública después de superar otras cuentas pendientes que tenía con la Justicia.
El mes de febrero cumplió su pena de un año de trabajos sociales por un delito de fraude fiscal en el llamado "Caso Mediaset".
Asimismo, el Tribunal Supremo confirmó en marzo su absolución por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el llamado "Caso Ruby".
