Giancarlo Capaldo pedirá enjuiciar a 139 personas, entre ellos a 20 chilenos.
El único detenido hasta ahora es el ex fiscal militar Alfonso Podlech.
El fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, informó que concluyó la investigación sobre las 139 personas, entre militares y políticos, de siete países de América Latina imputados por la desaparición de 25 italianos en la llamada Operación Cóndor, y que en breve se pedirá su enjuiciamiento.
Ca
paldo comenzó en 1998 sus investigaciones sobre la desaparición de 25 italianos en la Operación Cóndor, urdida por los responsables de las juntas militares y servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil para reprimir en los años 70 y 80 la oposición a estos regímenes.
De esta larga lista, el único que está encarcelado es el ex fiscal militar durante la dictadura de Pinochet Alfonso Podlech Michaud, quien fue extraditado a Italia tras ser detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto de Barajas.
En concreto, Podlech está acusado de la desaparición en la cárcel de Temuco del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli.
En estos años, Capaldo se dedicó a recoger información e interrogar a testigos sobre las actividades de los 140 imputados, en total 59 argentinos, 7 bolivianos, 11 brasileños, 20 chilenos, 6 paraguayos, 4 peruanos y 33 uruguayos, que se han quedado en 139 tras la muerte del ex responsable de la Marina argentina, Emilio Massera.
Se pedirá extradición de Manuel Contreras
Capaldo tiene intención de pedir el enjuiciamiento en ausencia de los 139 imputados, entre ellos el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla; mientras que entre los uruguayos está el ex presidente Juan María Bordaberry, su sucesor Gregorio Alvarez, el ministro de Defensa Walter Ravenna y los de Exteriores, Juan Carlos Blanco y Alejandro Rovira.
También se pedirá enjuiciar al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al ex ministro del Interior de Paraguay Sabino Augusto Ciarletti Montanaro, al ex presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez y al primer ministro de ese país Pedro Prada Richter.
En octubre de 2008, Capaldo advirtió a los imputados sobre la necesidad de que designen un abogado y fijen un domicilio en Italia para recibir las convocatorias judiciales, pero "las respuestas fueron muy pocas".
