Una mujer japonesa que fue esterilizada a la fuerza cuando era adolescente debido a su discapacidad intelectual presentó este martes una denuncia contra el gobierno nipón, la primera de este tipo a raíz de la ley de eugenesia que estuvo vigente hasta 1996.
La mujer, de unos 60 años y originaria de la ciudad de Miyagi (este), reclama 11 millones de yenes (equivalente a unos 61 millones de pesos chilenos) como compensación por los daños sufridos, y afirma que el Estado no ha tomado medidas para reparar las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en base a dicha legislación, según publica la agencia local Kyodo.
La denuncia, presentada en el Tribunal del Distrito de Sendai, señala que la normativa de eugenesia, que estuvo en vigor entre 1948 y 1996, era inconstitucional.
El Estado nipón no ha ofrecido hasta la fecha ninguna compensación a las 25.000 personas que fueron esterilizadas durante esos años por discapacidades físicas, mentales o por enfermedades como la lepra, con el argumento de que se trató de medidas legales bajo dicho marco normativo.
El ministro de Salud japonés, Katsunobu Kato, no ha querido pronunciarse sobre el caso, y ha señalado que no está previsto investigar las consecuencias de una ley que ya no está en vigor, al ser preguntado por el tema por medios locales.
La ley nipona de protección de la eugenesia autorizaba la esterilización de personas con discapacidades o enfermedades hereditarias, así como practicar abortos, con el objetivo de evitar nacimientos de una descendencia "inferior".
Esta normativa, similar a la que aplicaba Alemania durante el nazismo, Suecia hasta mediados de la década de los 70 o algunos estados de EE.UU. hasta casi los 80, fue revocada en 1996 y sustituida por un reglamento de protección maternal para los abortos. Japón, a diferencia de estos países, no ha pedido disculpas a los afectados ni pagado ninguna compensación por las esterilizaciones o los abortos forzados.
Los representantes legales de la demandante instaron a otras víctimas de estos casos en el país asiático a presentar denuncias similares a título individual o colectivo, con el objetivo de lograr la compensación de los afectados que aún viven.
