Aunque responde a "la necesidad de defender al Estado", el tribunal falló qeu la valla de seguridad israelí debe responder a lo prescrito en las Convenciones Internacionales de La Haya y de Ginebra.
La Corte Suprema de Justicia de Israel aceptó una demanda de 45.000 damnificados palestinos por el "muro de seguridad" y ordenó cambiar su recorrido en un tramo de 40 kilómetros al norte de Jerusalén. La autoridad judicial consideró que la valla debe construirse "con un mínimo de perjuicios para la población palestina" en los territorios ocupados.
Los cambios deben introducirse en un tramo de 10 kilómetros de la construcción, que afecta a los campesinos de Beit Furik y otras nueve aldeas agrícolas al norte del barrio-asentamiento de Mevaseret Sión, en la carretera que une Jerusalén y Tel Aviv.
El dictamen de los jueces Aharón Barak, Mijael Jésin y Eliahu Mazza reconoce que la "valla de separación" que la administración de Ariel Sharon decidió levantar en Cisjordania "para impedir el paso a los terroristas", responde a "la necesidad de defender al Estado y a sus ciudadanos contra el impacto del terrorismo".
Sin embargo, los jueces indicaron que el trazado del muro debe tener en cuenta lo prescrito en las Convenciones Internacionales de La Haya y de Ginebra, por lo que la parte de la construcción citada en el fallo, deberá ser destruida.
La obra, cuyo avance se sitúa en cerca del 40 por ciento, estaba interrumpida desde marzo pasado por orden del Tribunal a fin de estudiar el caso planteado por los damnificados.
"El fallo sienta un importante precedente para otras demandas", dijo el abogado de los habitantes de las aldeas perjudicadas, Mohamed Dahla, quien añadió que "la necesidad de proteger la seguridad de Israel no justifica los perjuicios que ello causa a los palestinos".
El tramo en cuestión, al norte de Jerusalén, tal como estaba trazado, "habría aislado a 45.000 aldeanos de 5.000 hectáreas de sus tierras de cultivo, su única fuente de ingresos, y sería una tragedia (...) esto no se puede hacer", declaró Dahla.
Las autoridades militares israelíes sostuvieron que tenían previsto habilitar cuatro accesos a fin de que los propietarios pudieran llegar a los campos, para lo cual habrían tenido que gestionar permisos. Si se hubiera levantado el muro según el trazado original, esas tierras habrían quedado del lado israelí. Asimismo, para concretar el proyecto, las autoridades habrían tenido que confiscar otras 243 hectáreas.
La primera reacción del primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Abú Alá, fue de que "aunque la Suprema Corte israelí haya ordenado cambiar el recorrido del muro, el muro en sí es una agresión cualquiera sea su trayecto".
Varios tramos del muro siguen pendientes de otro fallo del tribunal, que rechazó el argumento palestino de que se construye "por razones políticas y estatales".
El próximo 9 de julio debe dar a conocer su fallo acerca de la legalidad del "muro de seguridad" el Tribunal Internacional de La Haya, que en marzo pasado comenzó sus actuaciones a raíz de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).
El muro israelí en tierras confiscadas a los palestinos comenzó a levantarse el año pasado y con una inversión aproximada a los 1.000 millones de dólares, y tendrá 700 kilómetros cuando se complete, en 2005.
Según un informe del Centro Israelí de Derechos Humanos en los territorios ocupados, Betselem, unos 800.000 de los cerca de tres millones de palestinos residentes en Cisjordania y alrededor de Jerusalén, se verá perjudicados por el muro, que en algunos tramos se levanta con bloques de cemento de ocho metros de altura. (EFE)
