El Grupo de La Haya, iniciativa formada por nueve países, tiene como objetivo presionar a Israel para frenar el "genocidio" del pueblo palestino, indicaron este viernes.
Esta alianza, coordinada por la organización Internacional Progresista, fue inaugurada en la ciudad neerlandesa de La Haya, sede de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU.
Durante el acto, los representantes anunciaron una serie de medidas legales y diplomáticas, al tiempo que invitaron a otros Estados a unirse a la causa.
Entre los países integrantes del grupo se encuentran Belice, Bolivia, Cuba, Colombia, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, quienes se comprometieron a respetar los principios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.
Por lo tanto, aseguraron que ejecutarán las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.
Medidas y objetivos
El grupo anunció tres medidas principales:
- Cumplimiento de órdenes de arresto internacionales: Los nueve países declararon que implementarán las órdenes de la CPI contra Netanyahu y Gallant, quienes son señalados por violaciones graves al derecho internacional en Gaza.
- Control del flujo de armas y combustible a Israel: Según la declaración, se comprometen a "prevenir la provisión o transferencia a Israel de armas, municiones y equipos relacionados, en todos los casos en los que exista un riesgo claro de que puedan ser usados para cometer o facilitar violaciones" de leyes internacionales o de la prohibición del genocidio.
- Restricción a buques militares: Los países miembros impedirán el atraque de barcos en sus territorios si existe evidencia de que transportan combustible o armamento destinado a Israel y que pueda ser empleado en violaciones al derecho internacional.
Las decisiones del grupo se fundamentan en una opinión consultiva de la CIJ emitida en julio pasado, la cual calificó las políticas de asentamientos israelíes como una violación al derecho internacional y declaró ilegal la "presencia continua" de Israel en Palestina.
La Corte exigió la evacuación de los colonos, el desmantelamiento del muro de separación y la devolución de las tierras ocupadas desde 1967.
En su declaración, el grupo destacó que tomará acciones adicionales para poner fin a la ocupación israelí y facilitar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, incluyendo el establecimiento de un Estado independiente.
Pronunciamientos destacados
Durante la rueda de prensa, Isaura Cabañas Verano, representante de Cuba, denunció los "horrendos crímenes internacionales contra la humanidad, genocidio, castigo colectivo y apartheid" cometidos contra el pueblo palestino.
También subrayó que la CPI es "la última esperanza del pueblo palestino", pese a la presión ejercida por Estados Unidos sobre el tribunal.
Assad Shoman, representante de Belice, criticó el concepto de “derecho a la defensa” empleado por Israel: "¿Derecho a qué, a matar?".
Además, instó a garantizar al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación, ya que, según sus palabras, "todo estará en su lugar" una vez logrado.
Por su parte, el embajador palestino, Ammar Hijazi, calificó la inauguración como un "momento histórico".
Sin embargo, lamentó que algunas democracias estén sancionando a ONGs e instituciones internacionales por hablar sobre Palestina e investigar a Israel.
Hijazi también advirtió sobre la persistencia de crímenes en Gaza y Cisjordania, incluso durante el alto al fuego, señalando que la humanidad no debe "mirar al otro lado".
"Las bombas habrán dejado de caer llevándose vidas y destruyendo a la población civil de Gaza, pero eso no significa que los crímenes horrendos del ocupante ilegal han parado, continúan con impunidad", señaló Hijazi.
Los nueve países resaltaron la "necesidad de garantizar la rendición de cuentas" y defendieron la acción colectiva mediante medidas legales y diplomáticas a nivel nacional e internacional.
Para ellos, estas acciones representan un imperativo urgente para defender los principios de justicia y responsabilidad global.
