Al menos 95 personas han muerto en las últimas horas tras operaciones contra partidarios del ex presidente Mursi.
El gobierno interino denunció la acción de "grupos radicales".
La Presidencia advirtió de de los riesgos sobre "la seguridad y el orden en el país".
La Presidencia egipcia decretó este miércoles estado de emergencia en todo el país durante un mes a partir de las 16:00 horas locales (10:00 de la mañana de Chile), tras los disturbios de las últimas horas en distintas provincias que han dejado decenas de muertos.
Según un comunicado de la Presidencia leído en la televisión estatal, la decisión fue adoptada debido al "peligro" que se cierne sobre "la seguridad y el orden en los territorios del país".
El presidente interino egipcio, Adli Mansur, encargó a las fuerzas armadas, con la ayuda de la Policía, adoptar las "medidas necesarias" ante esta situación.
Las autoridades denunciaron "actos intencionados de destrucción y ataques contra instalaciones públicas y privadas y la muerte de ciudadanos a manos de grupos radicales".
Esta medida de excepción contó con la aprobación del Consejo de Ministros.
Los disturbios se han extendido por distintas partes del país, después de que la Policía iniciara, esta mañana, una operación para desmantelar las acampadas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi en las plazas de Rabea al Adauiya y de Al Nahda, en El Cairo.
El Ministerio de Sanidad confirmó la existencia de al menos 95 muertos y 874 heridos en choques en distintas provincias de Egipto, según la televisión estatal.
Implicancias
El estado de emergencia estuvo en vigor en Egipto con la excusa de la lucha contra el terrorismo desde 1981 hasta mayo de 2012, cuando decidió no renovarlo la Junta Militar que gobernó el país desde el derrocamiento del régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) hasta la ascensión de Mursi al poder en junio del año pasado.
Con el estado de emergencia se suspende un gran número de derechos personales, civiles y políticos como el de huelga, el de ser asistido por un abogado en caso de ser detenido o a celebrar mítines políticos.
Esta medida da manos libres a los aparatos de seguridad para irrumpir en una vivienda y detener a cualquier persona de manera indefinida sin necesidad de notificarlo a las autoridades judiciales.
