Libaneses paralizan el país para pedir la caída del régimen político
Las manifestaciones volvieron a desatarse en el país, que vive una crisis política desde el pasado 17 de octubre.
Las manifestaciones volvieron a desatarse en el país, que vive una crisis política desde el pasado 17 de octubre.
Los libaneses volvieron a paralizar este jueves el país para pedir la caída de todo el régimen, después que el presidente del país, Michel Aoun, le pidiera a un ministro destituido seguir despachando interinamente.
Miles de manifestantes volvieron a bloquear de madrugada las principales rutas de acceso a la capital con tiendas de acampada, muebles o sofás, como vienen haciendo desde el inicio de las protestas, hace más de dos semanas.
Ayer, el país vivió por primera vez un día de normalidad desde el pasado 17 de octubre, cuando comenzaron las protestas, tras la renuncia del primer ministro Saad Hariri, pero la tensión volvió a las calles después de que el presidente libanés le pidiera seguir con los asuntos de Gobierno hasta su sustitución.
Tras una madrugada de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, esta mañana el Ejército consiguió reabrir algunas vías que conectan Beirut con el norte del país.
Algunas de las rutas orientales permanecen cerradas por militantes del partido de Hariri, Corriente del Futuro, indignados por la dimisión del primer ministro y que piden la caída de todo el régimen.
Ayer, el ministro de Educación, Akram Chehaybe, anunció la reapertura de las instituciones educativas, que permanecen cerradas desde el inicio de las protestas, así como comercios, bancos y algunas instituciones públicas.
Las protestas arrancaron el 17 de octubre, después que el Gobierno anunciara su intención de tasar las llamadas telefónicas a través de servicios de mensajería gratuita por internet.
Pese a que el Gobierno decidió retirar la medida, miles de personas salieron entonces a la calle en una marea que ha ido creciendo y que exige la salida de los políticos, el fin de la corrupción y soluciones a la paupérrima situación económica del país.
Piden el fin del régimen político que establece un reparto sectario de instituciones y que ha sumido al país en la precariedad política y económica, con una deuda de unos 86.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 150 por ciento del PIB.