La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH "será una aliada para llegar a la verdad, a la justicia, la reparación", afirmó la ex Mandataria.
Se pretenden reforzar las herramientas para la Comisión de Verdad creada por Andrés Manuel López Obrador.
Bachelet advirtió que no dudarán en "alertar de cualquier incumplimiento".
El gobierno de México firmó este lunes un convenio con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que ésta asesore a la comisión creada a fin de esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
El convenio rubricado por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex Presidenta chilena Michelle Bachelet, es un símbolo y un paso más del nuevo hobierno para construir un nuevo "régimen", en palabras del ministro, en el que no tengan cabida las desapariciones.
De esta manera, se pretenden reforzar las herramientas para la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, uno de los más emblemáticos de la década en materia de desaparecidos en el país.
"Buscamos verdad y justicia, en este caso, pero en todos los casos, todas y todos los desaparecidos, toda nuestra vida pública", aseveró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante su intervención.
La desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en la localidad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, ha sido rescatado por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como una representación de su postura con respecto a una de las heridas abiertas más recordadas en el país.
#ONUinforma La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y @SRE_mx firmaron hoy un acuerdo para la asesoría y asistencia técnica en el caso #Ayotzinapa
— ONU Noticias México (@CINUmexico) 8 de abril de 2019
@mbachelet
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En su intervención, Bachelet se comprometió a que su oficina "será una aliada" que dará un seguimiento exhaustivo al caso para "llegar a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".
Asimismo, aseguró que no dudarán en "alertar de cualquier incumplimiento".
La citada Comisión entró en funciones el pasado 15 de enero con promesas de hacer finalmente justicia a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos a la mayor brevedad posible.
El expediente del caso señaló como "verdad oficial" que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a un grupo criminal que los asesinó, incineró en un vertedero de basura y tiró sus restos en bolsas a un río cercano.
