Miles de migrantes varados en la frontera sur de México obtuvieron este miércoles un amparo para recibir atención del Instituto Nacional de Migración (INM), que deberá tramitar sus solicitudes de regularización en su intento por llegar a Estados Unidos.
Según un grupo de activistas, algunos jueces federales pidieron al titular de la oficina del INM en Chiapas, Roberto González López, que atienda a cerca de 13.000 extranjeros provenientes de 24 países. Estos últimos obtuvieron el acompañamiento del Centro de Dignificación Humana (CDH), una organización civil, que gestionó previamente la obtención de los amparos.
La batalla legal ha tenido lugar debido a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tomó su segundo periodo vacacional, desde este lunes al próximo 2 de enero, a pesar de la presencia de miles de migrantes varados en la ciudad de Tapachula.
Esta ciudad del estado de Chiapas, se ha convertido en uno de los puntos focales del flujo migratorio "sin precedentes" de México y Centroamérica, como ha advertido antes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que a inicios de noviembre señaló un incremento anual de más del 60 % de la migración irregular que ha atraviesa el territorio mexicano en 2023.
"La mayoría tiene cinco, cuatro y tres meses (de haber llegado a Tapachula, en el límite de México con Guatemala), donde les han entregado un documento y no se registran en el sistema", aseguró el coordinador del CDH, Luis Rey García Villagrán.
También puntualizó en que lo único que tienen que comprobar los jueces es que los migrantes llevan meses varados en Tapachula, donde les concederán una medida de libre tránsito.
Entre quienes serán beneficiados con esta medida está Nelly Llano Martínez, de Honduras, quien tiene tres meses y medio en Tapachula, donde ha buscado atención de la COMAR, pero no le han dado respuesta, ni siquiera una cita.
Llano viaja con sus hijos de 2 y 13 años, por lo que se le ha complicado trabajar tras abandonar su país, dejando atrás su pequeño negocio que cerró por la delincuencia y las extorsiones.
Por su parte, la cubana Rojas Josella, denuncia que comenzó un trámite ante la COMAR, pero no ha tenido respuesta de su proceso. "La alternativa que hay es poder tener un amparo (para avanzar) hacia la zona norte, para poder coger nuestra cita de CBP One (con las autoridades de Estados Unidos)", expuso.
