La Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció este jueves la detención del exgobernador del estado de Guerrero Miguel Ángel Aguirre Rivero por su presunta participación en la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso emblemático en el país.
La institución detalló que obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en contra el exgobernador, que pertenecía a una alianza de partidos de izquierda encabezada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y el Partido del Trabajo (PT), tras reexaminar las investigaciones realizadas durante los últimos doce años.
Según la Fiscalía, las nuevas diligencias permitieron acreditar su posible participación "en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes" de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El bullado caso
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse y hasta ahora solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.
Aguirre Rivero gobernó el estado sureño de Guerrero, entre abril de 2011 y octubre de 2014, cuando renunció tras la desaparición de los estudiantes.
La FGR sostiene ahora que Aguirre tuvo una "participación directa" en el ocultamiento de evidencias criminales. (FOTO: EFE)
Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).
Acusan a exgobernador de ordenar ocultar videos clave de caso Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República de México (FGR) afirmó este jueves que el exgobernador Aguirre Rivero ordenó desaparecer videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que fue detenido por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró que un nuevo análisis del expediente y testimonios obtenidos este año acreditan la presunta participación del exgobernador "en la destrucción de evidencia" para impedir conocer el paradero de los normalistas.
En un mensaje a medios, Godoy detalló que las grabaciones fueron obtenidas por dos cámaras ubicadas frente al Palacio de Justicia en Iguala y mostraban el momento en que policías municipales y estatales detenían el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, en el que viajaban varios normalistas.
Aunque las investigaciones iniciales concluyeron que las imágenes no existían debido a fallas técnicas del sistema de videovigilancia, la fiscal general afirmó que nuevas diligencias demostraron que "esa versión era falsa".
Godoy explicó que en enero de este año un colaborador confirmó la existencia de las grabaciones, identificó a quien presuntamente las sustrajo para entregarlas a Aguirre y denunció que había guardado silencio por amenazas.
Ángel Aguirre Rivero se convierte en el político de más alto nivel detenido por el emblemático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (FOTO: EFE)
Un segundo testigo protegido declaró en mayo pasado que el entonces gobernador ordenó a funcionarios de alto nivel desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia, agregó la fiscal.
Además, aseguró que la Fiscalía cuenta con evidencias que "acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador" con la participación de funcionarios estatales de alto nivel.
"El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal", afirmó Godoy.
Ante ello, señaló, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Aguirre por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, que fue ejecutada este jueves en el Estado de México (centro del país).
Ángel Aguirre, el exgobernador mexicano que enfrentará a la justicia
La detención este jueves del exgobernador Ángel Aguirre coloca nuevamente en el centro de la investigación a uno de los principales actores políticos durante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014.
Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aguirre Rivero nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero, e inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que ocupó diversos cargos en la administración estatal.
Fue secretario particular del gobernador Alejandro Cervantes Delgado, secretario de Desarrollo Económico y, posteriormente, secretario general de Gobierno durante la administración de José Francisco Ruiz Massieu.
También fue diputado federal en la LV Legislatura, senador de la República y presidente estatal del PRI.
En marzo de 1996 fue designado gobernador sustituto de Guerrero por el Congreso local tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer, quien dejó el cargo después de la masacre de Aguas Blancas, ocurrida un año antes. Permaneció al frente del Ejecutivo estatal hasta 1999.
Esta detención representa un giro histórico en la búsqueda del paradero de los 43 normalistas desaparecidos en 2014. (FOTO: EFE)
Su ruptura con el PRI ocurrió en 2010, cuando no obtuvo la candidatura al gobierno estatal. Renunció al partido y aceptó la postulación de la coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.
Ganó las elecciones de enero de 2011 y asumió la gobernación para un periodo extraordinario de cuatro años y siete meses, diseñado para homologar el calendario electoral de Guerrero con el federal.
Su administración quedó marcada por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
La crisis política y social derivada del caso provocó una fuerte presión sobre su gobierno, por lo que el 23 de octubre de 2014 solicitó licencia al cargo con el argumento de contribuir a generar un clima político que favoreciera las investigaciones.
El Congreso estatal aprobó su dimisión y nombró como gobernador interino a Rogelio Ortega Martínez.
Desde entonces, compareció en diversas ocasiones ante autoridades federales y sostuvo públicamente que no tuvo participación en los hechos ni en un eventual encubrimiento.
