Felipe Calderón entregó directrices de la lucha contra los carteles de droga.
Valoró las políticas gubernamentales destinadas a frenar la criminalidad.
El presidente de México, Felipe Calderón, aseguró en una columna publicada en el diario Le Monde que su primer objetivo es la seguridad en su país y que ello puede "generar una impresión equivocada sobre la magnitud de la inseguridad".
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Lo que en realidad está sucediendo es que ponemos orden donde no lo había. Así que, si ven polvo es porque limpiamos la casa", escribe Calderón, quien dice que cuando llegó al poder en 2006 se encontró con unas instituciones de seguridad y justicia "debilitadas por la cooptación y la intimidación de las organizaciones criminales".
El presidente reconoce que "han tenido mucha resonancia en el mundo los homicidios violentos", pero explica que "esta violencia obedece fundamentalmente a la lucha de unos grupos criminales contra otros" y a la "acción decidida del Gobierno federal, que los debilita y los hace más vulnerables a la acción de la justicia".
Calderón explica en el vespertino galo cuáles son los cinco pilares de la estrategia para frenar la criminalidad y la inseguridad en su país adoptada por su Gobierno, que decidió "enfrentar el problema y no eludirlo".
Lucha contra el crimen organizado
Los pilares pasan, primero, por apoyar a las instancias locales y a los ciudadanos en la prevención del orden reforzando la presencia de las fuerzas de seguridad en determinadas zonas del país, sostiene.
Fruto de esa estrategia, se han logrado "decomisos históricos" como la incautación de "más de 84.000 armas" en tres años, que "supera lo que el Gobierno de Colombia ha decomisado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la última década".
En 2009 se detuvo a 70 lugartenientes de todos los cárteles, prosigue Calderón, se decomisó a sus organizaciones criminales dinero en efectivo "equivalente a más de 345 millones de euros" y una cantidad de droga que representa "46.000 millones de dosis".
Otras de las líneas maestras son la modernización de las capacidades operativas y técnicas del Estado y la reforma del marco legal e institucional para adoptar un sistema con juicios orales y un régimen de protección de los derechos de las víctimas, "herramienta fundamental para acabar de una vez por todas con la impunidad".
